Las instituciones estarían vinculadas a La Cámpora, seis de los nueve beneficiados del subsidio por el Covid-19 se inscribieron luego del inicio de la pandemia.
El fiscal federal Guillermo Marijuán citó a indagatoria a tres funcionarios del PAMI apuntados de haber otorgado subsidios a centros de jubilados que funcionaban en locales de la agrupación La Cámpora.
Estos subsidios otorgados a través de la Disposición de Firma Conjunta N° 105/2021, está firmada por Santiago Paredes Adra, Asesor de la Gerencia de Promoción Social y Comunitaria, y Osvaldo Leonel Aquino, Gerente de Control de Gestión Social.
Los nueve centros beneficiados fueron: “Vengo a proponerles un sueño”, “Que florezcan mil flores”, “Seguimos Soñando”, “No me olvides”, “Eduardo Galeano”, “Palermo Viejo”, “Honrar la vida”, “Milagros al sur” y “La fe trae esperanzas”. Todos ellos una un monto de $100 mil, diez veces superior a los subsidios regulares para ese tipo de centro.
Según Marijuán, los tres funcionarios “habrían actuado contrariando las funciones inherentes a sus cargos, al haberse interesado, al intervenir en razón de sus cargos, en el otorgamiento y pago de subsidios para beneficiar a nueve CJyP que no habrían cumplido con los requisitos establecidos en la norma”.
A su vez, Marijuán, sostuvo que “autorizaron, gestionaron y efectivizaron la entrega de un subsidio extraordinario por montos diez veces superiores a los contemplados en la norma que los autorizaba a otorgarlos”.
Los subsidios en cuestión no están justificados,“De los documentos recibidos ni en el expediente en el que tramitó el otorgamiento de esos nueve subsidios figura documento alguno o solicitud para dar sustento al pedido extraordinario de dinero, los funcionarios intervinientes autorizaron y efectivizaron dichas derogaciones afirmando que se encontraban cumplimentados los requisitos documentales y las intervenciones previas de las áreas que habían evaluado la vulnerabilidad conforme los criterios de inclusión en la norma en esos nueve casos”, sostiene Marijuán en el dictamen.
Otra de las irregularidades detectadas apareció con la fecha de apertura de los centros de jubilados: 17, 22,16, 30 de diciembre de 2020, y 4 de enero de 2021, casi al final de la pandemia, aunque el dinero supuestamente era para “apuntalar” a centros afectados por las medidas de aislamiento. “Considerando la fecha en que fueron otorgados tales beneficios, resulta cuanto menos fatigoso sustentar que aquella asignación se motivó en la continuidad de una entidad que apenas había comenzado a funcionar”, sostuvo el fiscal.