La decisión es en el marco de la causa que investiga el escándalo de los “sacamultas”.
La justicia dispuso en las últimas horas el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil del ministro de transporte bonaerense, Jorge D’onofrio, en el marco de la causa que investiga el escándalo de los “sacamultas”.
La medida también alcanza a Claudia Nélida Pombo, presidenta del Consejo Deliberante de Pilar, Agustina Cuadra, Facundo Asensio (Director de Fiscalización y Control dependiente de la Dirección Provincial de Verificación Técnica Vehicular del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires), Roxana Elma Pombo, Mario Quattrochi y Héctor Marcelo Suárez Basail.
Entre otras cosas, requirieron al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que “aporte una copia de todos los recibos de sueldo que haya percibido desde su ingreso como funcionario provincial Jorge D’Onofrio y, en caso de que no surja de los propios recibos, que precisen la cuenta y entidad bancaria en la que
han sido depositados”.
Además pidieron que se solicite al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires que remita las declaraciones juradas patrimoniales y los correspondientes anexos reservados, que hayan presentado los funcionarios D’Onofrio, Asensio, y Roxana Elma Pombo, Directora de Estrategias Portuarias y Aeroportuarias dependiente de la Dirección Provincial de Promoción y Coordinación
del Transporte Aéreo y Fluvial del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos
Aires.
La denuncia fue realizada por el empresario de medios Leandro Camani, quien manifestó que D’Onofrio y Pompo, “liderarían una estructura criminal integrada por distintos estamentos, con división de funciones y establecimiento de jerarquías, concebida con el objeto de sustraer de las arcas del estado provincial y los respectivos municipios, los fondos derivados del sistema de cobro de multas de tránsito instalados a lo largo del territorio bonaerense”.
Para el CEO de Red Cube, “el accionar marginal descripto, siderales sumas de dinero invertidas luego para la adquisición de bienes muebles y inmuebles bajo una falsa apariencia lícita, valiéndose para ello, en algunos casos, de la utilización de prestanombres o interpósitas personas”.