La Justicia federal investiga una causa por supuestos desvíos en la obra social de los jubilados, PAMI, en el municipio de Hurlingham, donde milita Martín Rodríguez , pareja de Luana Volnovich.

El caso comenzó con una investigación del programa PPT, de Jorge Lanata, allí se difundió documentación e información que mostraba que en lugares dependientes del PAMI en Hurlingham se habían destinado alrededor de 50 millones de pesos.

Las transacciones se justificaban con diferentes convenios, para el pago de planes para supuestamente mejorar el tratamiento que reciben los jubilados del distrito.

Pero buena parte de ese dinero habría ido a las “cajas” de centros de jubilados que, en rigor, estaban cerrados por el confinamiento de la pandemia del Covid-19. Alguno de ellos ni siquiera existía en el domicilio registrado por el PAMI.

La titular de la obra social de los jubilados es Luana Volnovich. El subinterventor es Martin Rodríguez, dirigente de La Cámpora en Hurlingham y pareja de la funcionaria.

Los hechos denunciados e investigados por la diputada nacional del PRO Graciela Ocaña ocurrieron en los tiempos en los que la municipalidad de esa localidad estuvo a cargo de otro “camporista”, Damián Scelci.

Volnovich y Rodríguez protagonizaron un escándalo que puso en jaque sus cargos, a principios de 2022, cuando fueron fotografiados de vacaciones en el Caribe mexicano, pese a que Alberto Fernández había pedido entonces que los funcionarios veranearan en el país.

Cuando sucedieron los presuntos desvíos, el intendente electo, Juan Zabaleta, había tomado licencia para ocupar el cargo de ministro de Desarrollo Social.

La nueva jueza que subroga el juzgado en el que el expediente PAMI es la doctora Alivia Vence.

La jueza Vence, con celeridad en la nueva etapa de su juzgado, aceptó de inmediato a Ocaña como “amiga del tribunal”, lo que le da posibilidad de solicitar medidas de prueba y colaborar con el caso.

Además, ella misma se puso al frente de la obtención de pruebas que su anterior colega prefirió obviar.

El jueves pasado, Vence decidió allanar el municipio de Hurlingham para intentar conseguir los expedientes oficiales vinculados a esta causa que deberían encontrarse en la sede política del distrito porque parte del flujo de fondos que se desvió de modo posiblemente ilegal hacia los centros de jubilados quizás “fantasma” tenían que ver con convenios que el PAMI rubricó con el municipio bajo mandato “camporista”.

Se desconocen aún los resultados de esta pesquisa inquietante para las autoridades de la obra social que tal vez creyeron que el Poder Judicial había, como mínimo, “olvidado” la causa en el frenesí de otras prioridades jurídicas.

“Me alegra que la jueza Vence haya retomado o iniciado una investigación seria sobre lo denunciado”, dijo Graciela Ocaña al diario Clarín.

La causa PAMI-Hurlingham, entonces, parece haber realmente empezado ahora, aunque hace meses se había intentado demostrar, en vano, lo contrario. Los primeros resultados de las medidas de prueba se conocerán pronto.

​La defensa del PAMI

Las autoridades del PAMI justificaron parte de los gastos millonarios que destinaron a los centros de jubilados de Hurlingham.

A pesar de que la documentación interna del organismo indicaba que buena parte de los millones de pesos que fluyeron desde la obra social a las organizaciones de jubilados lo hicieron en plena pandemia, es decir, cuando los centros se encontraban cerrados tanto Volnovich como Rodríguez afirmaron que todo lo direccionado hacia el distrito de éste último “tenía su fundamento y había cumplido sus objetivos programáticos”.