La titular de la oficina anticorrupción y el ex ministro de energía fueron procesados por incompatibilidad en sus funciones y encubrimiento

Finalmente fueron procesaron este viernes el ex ministro de energía, José Aranguren, por incompatibilidad en sus funciones, y la titular de la oficina anticorrupción, Laura Alonso, por encubrimiento en las funciones públicas. Quienes presentaron la denuncia fueron los legisladores del Frente de Todos Rodolfo Tailhade y Martín Doñate, mientras que el procesamiento lo ordenó el juez federal Luis Rodríguez.

Ambos miembros del bloque macrista se presentaron a declarar la semana pasada. Laura Alonso, por su parte, solo presentó un escrito. La denuncia, que se hizo efectiva en 2016, culpa a Aranguren de ejercer negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, ya que él habría beneficiado a la petrolera Shell, de la cual era accionista, con la compra de gas a Chile. El hecho en el que habría incurrido está caratulado como “incompatibilidad para el ejercicio de la función pública y un conflicto de intereses”.

Alonso, por otro lado, está procesada por no haber investigado este hecho con la Oficina Anticorrupción. Como ella misma había aclarado en vivo en televisión, la Oficina se dedicó a estudiar al gobierno anterior. La señora alegó, mediante un documento, que ella no conocía la relación entre Aranguren y la empresa petrolera: “Se recibió el 16 de marzo de 2016 una denuncia en la que señalaba que Aranguren, además de haber sido previamente presidente de Shell Argentina, era también tenedor de acciones de la empresa Royal Dutch Shell, circunstancia hasta entonces desconocida”

La causa:

La funcionaria macrista debutó, debido a esta causa, en su primer declaración indagatoria ante el juez federal Rodríguez. Se la imputó por actuar “con abuso de autoridad y violando los deberes y funciones que le comprendían en razón del cargo detentado, al dar una apariencia de legalidad y cobertura al actuar al Ing. Juan José Aranguren como Ministro de Energía y Minería”. “Todo ello en miras de ayudar al nombrado a eludir las acciones de la oficina a su cargo en torno al conflicto de intereses que registraba, como así también las investigaciones judiciales en razón a la posible comisión de distinta conductas delictivas que se encontraban vinculadas al ejercicio de la función pública” explica el titular del juzgado federal Nº 9.