Además, la fiscal federal Ana Russo, le pidió al juez lo mismo para los ex funcionarios involucrados en la causa.
La fiscal federal Ana Russo le pidió al juez Ernesto Kreplak la realización de un informe de las llamadas entrantes y salientes de los teléfonos de la ex gobernadora María Eugenia Vidal entre los meses de mayo y diciembre de 2017, en el marco de la causa conocida como la Gestapo Antisindical.
Además, la fiscal pidió lo mismo para los ex funcionarios involucrados en la causa, y consideró por primera vez que el delito a investigar sería el de una asociación ilícita.
Según publicó el portal El Destape, la fiscalía le solicitó al juez Kreplak “un exhaustivo informe de las llamadas entrantes y salientes de los teléfonos de los ex funcionarios presentes en la reunión del día 15 de junio de 2017 y el o los abonados asignados a la ex Gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, durante el período que abarca el 1º de mayo de 2017 y diciembre del mismo año”.
La fiscal coincidió así con un planteo realizado por el abogado César Albarracín, representante legal de Juan Pablo “Pata” Medina, el gremialista al que le estaban armando causas judiciales según se desprende del video de la Gestapo antisindical.
En respuesta al pedido de imputación que había realizado Albarracín, la fiscal indicó que su impulso de la acción penal no solo fue contra quienes estuvieron en el encuentro en la sede porteña del Banco Provincia sino también “contra toda persona que resultare autor/a, coautor/a, cómplice, partícipe y/o instigador/a de los hechos vinculados a los acontecimientos”.
La fiscal investiga si existió la “organización de una estrategia, elaborada por el gobierno nacional, provincial y municipal durante 2017, dirigida a impulsar denuncias para involucrar en investigaciones penales a personas vinculadas con la práctica sindical relacionada con actividades de la construcción en la ciudad de La Plata”.
En su dictamen, la fiscal Russo consideró por primera vez que los hechos podrían encuadrar en los de una asociación ilícita, y señaló que pudo haber “abuso de autoridad” y violaciones a le Ley de Inteligencia Nacional.
Entre otras medidas, la fiscal también requirió al juez que solicite a distintos juzgados federales si los tres espías involucrados en esta maniobra fueron investigados por espionaje ilegal y si se les secuestraron teléfonos o dispositivos electrónicos.
Además, la fiscalía indicó que una vez cumplidas todas las medidas de prueba que requirió deja planteado al juez que proceda al llamado a indagatoria de los imputados que considere pertinente.