El abogado del hermano de Fernando Pérez Algaba solicitó al fiscal la testimonial de la mediática, mencionada por uno de los detenidos en su indagatoria
El abogado que representa al hermano de Fernando Pérez Algaba, el comerciante que fue descuartizado y hallado dentro de una valija arrojada a un arroyo de Ingeniero Budge, solicitó que Charlotte Caniggia sea convocada como testigo en la causa, luego de que uno de los imputados mencionara que le había prestado al empresario un departamento para que realizara operaciones bursátiles. Javier Baños, representante de Rodolfo Pérez Algaba, hizo el pedido al fiscal Marcelo Domínguez.
La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de Lomas de Zamora, citará entonces a declarar a Charlotte la hija del exfutbolista Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis, indicaron fuentes del caso. El pedido se desprende de la declaración del comisario Horacio Mariano Córdoba, uno de los detenidos por el crimen del empresario apodado “Lechuga”. El policía la mencionó durante su indagatoria, a Caniggia.
Y sobre su relación con Pérez Algaba, indicó que lo conocía porque le entregó 3.000 dólares para una inversión en criptomonedas, por la que se comprometió a devolverle un interés mensual, algo que nunca ocurrió. Luego, el comisario de la Policía de la Ciudad sostuvo que Pérez Algaba lo citó en una oficina de Puerto Madero, “muy ostentosa, donde había muchas computadoras, con chicos haciendo traiding”, que según dichos de la propia víctima “se la había prestado Charlotte Caniggia”.
En el escrito, Baños solicitó que “se llame a prestar declaración testimonial a Charlotte Caniggia, para que manifieste si conocía a Fernando Pérez Algaba, qué relación la unía y aporte toda la información necesaria respecto del departamento que facilitaba para las operaciones comerciales de la víctima”. El abogado considera que podría aportar datos valiosos a la causa y hasta se podría encontrar elementos de interés para la causa.
“Como propietaria o al menos facilitadora de un departamento para que Pérez Algaba llevara a cabo operaciones (no muy transparentes)”, según se desprende del pedido, para el abogado, en ese lugar, “podrían obtenerse no solo elementos de interés para descubrir la verdad de lo sucedido, sino también los verdaderos móviles que llevaron a su autoría y posibles partícipes que gozan de impunidad”. Se abre la puerta a la posibilidad de otros involucrados en el crimen, mientras que para los investigadores el homicidio fue esclarecido.
En tanto, también pidió que la Policía de la Ciudad, a través de Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, “haga entrega de todos los elementos que eran utilizados por el comisario Córdoba, se proceda a su secuestro y se los someta a peritajes”. Para el abogado, el comisario, que se desempeñaba como titular del área de Sistemas Informáticos de la Subsecretaría de Tecnología de la cartera porteña, usó todos los recursos del organismo.
Esto lo hizo “para planificar y cometer el homicidio, como así también para lograr su impunidad. La experiencia del comisario Córdoba en la prevención y represión de delitos y la disposición de recursos otorgados por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para el cumplimiento de sus deberes; la comprobación de la utilización del teléfono celular de la policía de la Ciudad, son indicios suficientes de creer que en aquellos elementos devueltos a la policía puedan contener información relevante”, argumentó Baños.
De acuerdo a la investigación, el comisario le facilitó a Maximiliano Pilepich el principal sospechoso del crimen, el teléfono a nombre del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño que utilizó para comunicarse con sus cómplices, horas antes del homicidio y en los días posteriores. Por el delito de “homicidio cuádruplemente calificado por el uso de arma, alevosía, codicia y por el concurso premeditado de dos o más personas”, se encuentran detenidos varias personas.
Entre ellos Pilepich, Córdoba, Nahuel Vargas, Luis Contrera, Matías Gil, Fernando Gastón Martín Carrizo y Flavia Lorena Bomrad. En tanto, por encubrimiento agravado está presa Blanca Gladys Cristaldo y quien quedó en libertad, pero aún sometida al proceso, es Alma Nicol Chamorro, quien fue la primera persona apresada por el hecho.