El juez Gallardo le dio un plazo de 48 horas al ministro de Seguridad y Justicia para explique cómo se usaron los datos biométricos del presidente Alberto Fernández y de otras 60 personas.
El titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo N°2 intimó al funcionario del Gobierno porteño, “para que en el plazo de dos días, explique pormenorizadamente con un informe de trazabilidad respecto a las personas enunciadas -en los días y horarios expuestos-, cuál fue la causa originante de la extracción y el uso que se le ha dado al dato biométrico requerido al ReNaPer por el Ministerio a su cargo”.
En su resolución, el magistrado enumeró los 62 casos sobre los cuales pidió explicación a D’Alessandro, entre los que se destacan el del Presidente, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto; la jefa del PRO, Patricia Bullrich; la cofundadora de Juntos por el Cambio Elisa Carrió y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.
El listado incluye también a empresarios, funcionarios del Poder Judicial, dirigentes gremiales, políticos, periodistas y legisladores.
El juez Gallardo intimó a D’Alessandro a explicar cómo se usaron los datos biométricos luego de que el ministro porteño saliera ayer a cuestionar las medidas dispuestas por el magistrado tras disponer la suspensión del sistema de reconocimiento facial de la Ciudad de Buenos Aires por supuestas irregularidades en su manejo.
En ese contexto el ministro también declaró que se puede “decir la IP y la persona que hizo cada consulta” en casa caso.
El juez Gallardo suspendió el sistema de reconocimiento facial de prófugos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tras detectar un presunto uso irregular que permitió acceder a datos biométricos de personas que no estaban siendo buscadas, entre ellas dirigentes políticos, sociales, sindicales y de derechos humanos, como también jueces, empresarios y periodistas.
Gallardo aseguró haber constatado que el Ministerio de Seguridad y Justicia de CABA había accedido a datos biométricos del presidente Fernández, de la vicepresidenta Fernández de Kirchner y de Carlotto, entre muchas otras personalidades públicas.
Según se supo, entre abril de 2019 y marzo de 2022 las consultas de datos biométricos realizadas desde la cartera porteña fueron 9 millones, una cifra que no se corresponde con la población de individuos requeridos por la Justicia o en situación de rebeldía a partir de una medida judicial, y que por esa razón figuran en los registros de la CoNaRC.