Alcanza a unas 20 unidades y al 20% de la población
En pleno recambio de gobierno, cuando las autoridades se acomodan en sus despachos, casi 10 mil presos del sistema penitenciario provincial mantienen una huelga de hambre en reclamo de mejoras en las condiciones de alojamiento y reformas judiciales para favorecer su situación procesal.
La protesta comenzó hace una semana y, aunque no es generalizada, se mantiene firme, en especial en algunas unidades grandes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
Según los últimos informes del organismo que administra 57 presidios donde se alojan 46 mil personas, la medida es total en las cárceles de Dolores y Campana. Tiene apoyo generalizado en Batán y Sierra Chica. Y menor presencia en otras 16 penitenciarías, donde algunos pabellones adhieren y otros están sin protestas.
“En todos los casos se trata de acciones pacíficas. Se presentaron petitorios, se sometieron la las consultas médicas como establece el protocolo y permiten las evaluaciones periódicas para determinar el estado sanitario de la población involucrada”, dijeron en el SPB. “Se estima que está plegado un 20% del total“.
Los funcionarios que hasta este mediodía conducían el ministerio de Justicia aseguran que el problema estaba solucionado. Que todas las celdas se encontraban provistas de comida. Pero esa incidencia fue el germen del reclamo que después se desvió hacia otros planteos.
Los reclusos elevaron a los jefes penitenciarios varios petitorios. Escritos de puño y letra o impresos. Tienen todos los mismos lineamientos que se podrían resumir en estos cinco ítems:
1-Acceder a más morigeraciones de pena, una facultad que recae sobre los jueces de Ejecución Penal.
2-Dejar sin efecto la ley denominada “Ley Blumberg”, que restringe las excarcelaciones y endurece las penas de los condenados.
3-Reinstalar la ley del “2×1”, que computa doble cada día que un detenido pasa con prisión preventiva.
4-Que no se apruebe el nuevo Código Penal, en debate en el Congreso.
5-Reactivar una “mesa de diálogo” entre la Justicia, el Ejecutivo y sectores parlamentarios para canalizar estos pedidos.
Los presos escucharon que hubo marchas para una ‘Navidad sin presos políticos’; que se está planteando un cambio de tendencia en los Tribunales y que hay mucho reclamo contra las prisiones preventivas. Y creen que deben ser parte de esos beneficios”, es la lectura de quienes ya se van de la función.
“A Ferrari y a (María Eugenia) Vidal nunca les hicieron una huelga. Y la hacen justo a una semana del cambio de mando“, sugieren desde los despachos que ya están semivacíos.
En las penitenciarías provinciales, el 51% de los recluidos tiene condena firme. Y el 49% está con prisión preventiva o con una condena en proceso de apelación.
julio Alak y el flamante gobernador, Axel Kicillof, tendrán en las cárceles bonaerenses la primera luz de emergencia para desconectar. Cerca del nuevo funcionario plantean que “en un sistema con una superpoblación de 20 mil personas y carencias de todo tipo, la caída de una contratación de alimentos es injustificable”, apuntan a la gestión anterior. “Está claro que todo comenzó por la falta de alimentos”, añaden. No creen en el llamado de atención hacia el futuro gobierno.