Se resolvió por los jueces en la Provincia. La inmensa mayoría no trabaja. Y además sigue el asueto. Ya lo cobraron, junto a todo el Poder Judicial. Es un 9% correspondiente a una paritaria ya pactada.

Jueces y empleados del poder judicial bonaerense se aumentaron el sueldo en plena pandemia del coronavirus. El dinero sale de los impuestos de todos los bonaerenses. Y actualmente, hay asueto.

Acá mismo se podría terminar este artículo, el cual en tres líneas ya visibiliza acabadamente el nivel de timing y compromiso que tiene uno de los tres poderes del Estado en esta emergencia sin antecedentes.

Más allá de las explicaciones que puedan dar algunos magistrados, y sectores de los gremios, hoy el Poder Judicial provincial está paralizado. Prácticamente, no se hace nada. Nada de nada. Esta actividad no está considerada excepcional en días de pandemia.

Dicho en otras palabras, el recolector de residuos se expone a contraer el Covid-19 con su trabajo diario para que las diferentes ciudades de la Provincia estén limpias, pero los jueces, secretarios y altas autoridades del Poder Judicial, no. Prácticamente ninguna.

El edificio central donde funciona la Suprema Corte bonaerense, los tribunales civiles, comerciales y laborales, en la capital bonaerense, están cerrados. Hay guardias mínimas. El asueto es global. Pese a ello, el máximo tribunal no dudó en darle curso al aumento paritario establecido en marzo, y el mismo ya se efectivizó. Es decir, lo cobraron en los primeros días de abril. Fue del 9%.

Hasta el momento, 455 mil empresas privadas pidieron algún tipo de asistencia al Estado para pagar sueldos, a través de los diferentes programas anunciados en las últimas semanas de pandemia. Hay dos gremios grandes que ya acordaron con la patronal una reducción de salarios para que todos puedan cobrar, y las empresas no cierren. Se sabe: UOM y Smata, entre otros. Es a través del mecanismo de Suspensión Concertada establecido en el 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Se calcula que muchos sindicatos se sumarán a esta herramienta de emergencia que tiene la LCT.

Otras compañías comenzaron a pagar en cuotas o muy por debajo del salario establecido por convenio. Es imposible enumerarlas todas, pero algunas de las más conocidas que ya mostraron problemas son Buquebus, Dexter, Garbarino, Mc Donald’s; además del cierre del Frigorífico Penta en Quilmes; entre muchas otras.

Además, el Gobierno puso en marcha el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), los famosos 10 mil pesos para los trabajadores de la economía informal, monotributistas sociales, A y B; y reforzó con un pago extra (a partir de este miércoles) la Tarjeta Alimentar. El titular de la Anses, Alejandro Vanoli, confirmó que en el primer día de preinscripción para el IFE ingresaron 17 millones de personas a la página. En términos generales, esta es una de las asistencias sociales de mayor envergadura de Latinoamérica.

Ningún gremio espera para este año acuerdos paritarios importantes. Es más, como se ve, la mayoría aspira a conservar los puestos de laburo. “El objetivo de máxima es que nadie se quede sin trabajo”, confió un pope de la CGT. Obvio, no se habla de aumentos de salarios.

Los únicos que sí hablan de este tema, y que ya lo cobraron, son los judiciales bonaerenses, que en estos días están de asueto, y no resuelven prácticamente ningún conflicto, ni las cárceles a punto de estallar, ni una madre que espera la sentencia de alimentos para darle de comer a sus hijos.