El proceso tendrá en el banquillo de los acusados a seis profesionales de la salud por el fallecimiento de Matías Carbonell ocurrido en noviembre de 2010 después de 24 días de agonía en el Hospital Penna, al que llegó en estado crítico desde el neuropsiquiátrico del Borda.
“Es un juicio de mucha trascendencia, que va a ayudar a visibilizar la realidad que se vive dentro de los hospitales neuropsiquiátricos y que se mantienen en muchas jurisdicciones del país, como la Ciudad de Buenos Aires, en un claro desapego a la Ley Nacional de Salud Mental a 12 años de su sanción”, dijo a la agencia de noticias Télam Tomás Griffa, abogado querellante en representación de la familia de Matías e integrante del área de litigio del CELS.
Se trata del juicio oral por el fallecimiento de Matías Carbonell ocurrido el 12 de noviembre de 2010 después de 24 días de agonía en el Hospital Penna, al que había sido trasladado de urgencia el 19 de octubre del mismo año, totalmente descompensado, “inconsciente y en estado crítico”.
En el banquillo de los acusados, ante el Tribunal Oral número 14 de la Ciudad de Buenos Aires, estarán los responsables del tratamiento y el cuidado de Matías, quienes están imputados por “tortura, abandono de persona seguido de muerte, ocultamiento de medios de prueba y omisión de denunciar hechos de tortura”.
Los imputados son el psicólogo Roberto Luis Capiello; los psiquiatras Fabián Gustavo Pintow y Silvia Beatriz Scheweitzer; y los enfermeros Hugo Alfredo Dospital, Ismael Ricardo Portillo y Jorge Héctor Mastricola.
Carbonell había sido internado “compulsivamente, por una disposición de la justicia nacional”.
La causa judicial comenzó cuando Carbonell aún se encontraba con vida, a partir de la denuncia realizada por el personal médico que lo atendió en el Penna tras descubrir diferentes lesiones entre las que se destacan golpes y quemaduras en el tórax y uno de sus brazos compatibles con electrocución, pero “que a ninguno de los funcionarios a cargo de su salud (en el hospital Borda) le pareció pertinente denunciar” con anterioridad.
“En el caso de Matías también se verifica que el uso de medicación no se relacionaba con su cuadro o en dosis excesiva, cuya finalidad no era el tratamiento de la víctima sino el control social”, agregó Griffa.
El letrado destacó que a pesar de que “lo que vivió Matías no fue un hecho aislado” sino el resultado de “prácticas punitivas comunes del encierro manicomial, en donde prevalece un régimen centrado en el castigo y el control en base al abuso de poder”, este tipo de muertes “difícilmente llegan a hacerse públicas y a obtener justicia”.
“Además, revela cómo la crueldad y el abandono se extienden más allá de las paredes del manicomio, y cómo esta lógica es encarnada también por una justicia que por mucho tiempo decidió no ver y no investigar lo sucedido”, agregó.
Por otro lado, el CELS destacó que 10 meses antes de su fallecimiento, “Matías había sido trasladado en forma violenta desde el Servicio 25-B al 14-22 del Borda”, siendo que sobre el pabellón de destino “pesaba una medida cautelar de cierre urgente por las condiciones peligrosas y humillantes en las que se encontraban las personas internadas” y por eso no debía estar funcionando.
“En 2010 aumentaron tanto las agresiones hacia Matías como el estado de abandono. El joven atravesó una internación en condiciones denigrantes. Fue víctima de malos tratos y tortura y soportó diversas formas de violencia y hostigamiento por parte de les profesionales. Había sido elegido por sus compañeros como delegado y era el impulsor de reclamos para lograr mejores condiciones de internación”, prosigue el texto.
En el debate, que se desarrollará íntegramente de manera virtual, declararán decenas de testigos, entre ellos la madre de Matías, así como también profesionales del Hospital Borda, peritos del Cuerpo Médico Forense y otras personas expertas.