Las medidas judiciales establecidas involucran a referentes sociales del Polo Obrero, Movimientos Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha.

La Justicia ordenó 27 allanamientos en una causa que investiga a dirigentes sociales por extorsionar a beneficiarios de planes. Las denuncias contra los acusados fueron recibidas a través de la línea 134 habilitada por el Ministerio de Seguridad de la Nación para que aquellos beneficiarios de planes sociales puedan denunciar amenazas por parte de los dirigentes piqueteros. La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal, por pedido del fiscal federal Gerardo Pollicita, ordenó los allanamientos.

Ordenaron 27 allanamientos a dirigentes sociales: investigan si extorsionaron a beneficiarios de planes

También pidió la declaración indagatoria a los involucrados por los hechos que se acusan, la investigación estuvo a cargo de la Policía Federal Argentina (PFA) y, de acuerdo a la pesquisa, los señalados “habrían exigido coactivamente a los beneficiarios de planes sociales su participación en marchar y manifestaciones públicas y/o la entrega de una porción de dinero, bajo la advertencia expresa en algunos casos de ‘dar de baja el plan’, conformando un total de 924 casos”, según indicaron.

Tras la decisión política de terminar con las amenazas contra los más vulnerables y las extorsiones a los que menos tienen. Las medidas judiciales apuntan a dirigentes del Polo Obrero, Movimientos Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha. Entre los acusados figuran: Jeremías Canteros, integrante de la mesa nacional del Polo Obrero, Elizabeth Palma, Giana Lucía Puppo, Cinthia Delgado, Gustavo Vásquez, Dina Iramain, Brisa Paucara, Ronald Vargas, Iván Candotti, Lorenzo Martelli.

También: Mercedes Fossat, Manuel Alonzo, María Cecilia Cowper, Carlos Ignacio Fernández Kostiuk, Nilsa Elena Torres, Leslie Castillo, Blanca Beatriz Chuquimia Tarquino, Gloria Santa Jaramillo Morales, María Isolda Dotti, Gloria Estrada, Emmanuel Barriento, Tania Cassamello que integran el Polo Obrero, Movimiento Barrios de Pie y Frente Organizaciones en Lucha (FOL) que administraban comedores populares.

Ordenaron 27 allanamientos a dirigentes sociales: investigan si extorsionaron a beneficiarios de planes

De acuerdo a la instrucción del caso, se encuentren reunidos “los elementos de convicción suficientes para convocar a 28 personas y efectuar 27 allanamientos:

  • Pertenecientes al Polo Obrero “Rivadavia I”: avenida Coronel Díaz 1815; barrio Rivadavia I, Casa 489 A; Hortiguera 1799; Holmberg 2858; Fernández 579; Camilo Torres 2066.
    Barrio La Carbonilla: Serrano 865; Fraga 930; sector 1 casa 56, manzana 2, edifico 15, casa 29.
    Villa 1.11.14: Avenida Varela 1115; Manzana 13, casa 96; Eduardo Porrini 30 (Ciudadela); Chiclana 3080; avenida Varela 2315; manzana 14, casa 33 (Villa 11.11.14); Monteagudo 730;Gregorio Pomar 4979.
  • Pertenecientes a FOL: Arenales 2257; Famatina 3314; Schweitzer 550 (Belén de Escobar); manzana 1 casa 126 (Villa 21-24), Herrera 197, calle 8 de diciembre (villa 21-24)
  • Pertenecientes a Barrios de Pie: Manzana 21, casa 77 (Villa 20); Julio Casales 5948; Pieres 485; manzana 22, casa 87 a fin de poder recolectar evidencia que acrediten los hechos”.

Se desprende de las pesquisa, que los imputados canalizaron los fondos ilícitos provenientes de las extorsiones a través de “cooperativas”, desconociéndose el destino final de ese dinero, razón por la cual solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de las personas requeridas a efectos de contar con un panorama global de sus patrimonios, para así determinar si obtuvieron un rédito económico como resultado de los hechos de coacción y extorsión investigados.

El Tribunal ordenó el secuestro de los dispositivos electrónicos que les pertenecen a los imputados, ya que la mayoría de coacciones y extorsiones se realizaban por esos medios, así como también planillas o cuadernos de asistencia o de registro de pagos; documentación vinculada a planes sociales, al funcionamiento de cada Unidad de Certificación o con personas jurídicas que funcionen como cooperativas o asociaciones civiles.

También comprobantes de pago de capitas, cuotas, alquileres o mercadería; tarjetas bancarias o comprobantes de extracción de dinero en efectivo. El 19 de diciembre, el Gobierno habilitó la línea 134 para que beneficiarios de planes sociales denuncien amenazas de los dirigentes piqueteros.

Ordenaron 27 allanamientos a dirigentes sociales: investigan si extorsionaron a beneficiarios de planes

Los chats de apriete

Las personas que realizaron las denuncias en el 134, las ratificaron ante en sede fiscal y aportaron sus propios chat y mensajes donde se probó la extorsión para concurrir a las marchas. Del análisis de las pruebas se pudo establecer que no tenían concurrencia espontánea a las movilizaciones y por eso extorsionaban a la gente. Se acreditó también que desviaban los recursos para los comedores y que la comida que daba el Estado la vendían.

Y por otro lado esa misma comida (otorgada por el Estado) la administraban por niveles de compromiso con la gente que obligaban a participar políticamente. Las pruebas también concluyen que la gente que no podía ir tenía que acreditarlo con certificados médicos. Se secuestraron millones de pesos, dólares, celulares, listados y planillas, entre otros elementos probatorios de relevancia.