La Justicia avanza en la investigación sobre Nisman y su entorno por lavado de activos
El lunes se cumplen seis años de la muerte de Alberto Nisman, y la justicia aún investiga su muerte. Se avanzó en la investigación sobre el patrimonio del fiscal fallecido y su entorno. El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi -que subroga el juzgado del fallecido juez Claudio Bonadio– ordenó el embargo de todos los bienes de la madre y la hermana de Nisman, del técnico informático Diego Lagomarsino y del empresario Claudio Picón.
Un mes después de que el fiscal Alberto Nisman fuera encontrado muerto en su departamento de Puerto Madero el 18 de enero de 2015, se conoció que tenía una cuenta bancaria no declarada en los Estados Unidos, con 600 mil dólares. Su expareja, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, llevó la información a la Justicia y se inició una causa por lavado de dinero.
En ese expediente, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi ordenó a fines de noviembre una serie de medidas que hasta ahora no se conocían. El magistrado dispuso investigar y peritar el patrimonio de Nisman, de su madre Sara Garfunkel, de su hermana Sandra Nisman y del perito Diego Lagomarsino.
Lagomarsino está procesado como partícipe de un homicidio en la causa de la muerte del fiscal. Los cuatro tenían una cuenta en el Merrill Lynch Bank of America Corporation, con sede en Nueva York. Además, el juez dispuso “el embargo preventivo de la totalidad de los bienes muebles e inmuebles” de Garfunkel, Sandra Nisman y Lagomarsino.
De Giorgi explicó en su resolución que tomaba las medidas “ante la existencia de confusión económica y entrecruzamiento entre los imputados”.
A principios de marzo de 2015, Arroyo Salgado se presentó ante la fiscal Viviana Fein -la primera que tuvo la causa por la muerte- y reveló que Sandra Nisman (hermana de Alberto) la había llamando de urgencia para contarle sobre una cuenta que tenía con su hermano y su madre en un banco en Estados Unidos.
Según Arroyo Salgado, Sandra le dijo que Nisman afirmaba que era una cuenta con plata para sus dos hijas y que para operarla necesitaba una clave que no tenía. Y Arroyo dijo que nunca supo de la existencia de esa cuenta. Ante la revelación de esa cuenta, podía surgir una hipótesis económica sobre la muerte del fiscal.
Solo quedó en hipótesis. Lo que sí surgió fue una denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF) para que se investigue un posible lavado de dinero por parte de Nisman, usando de pantalla a su familia y a Lagomarsino.
Se supo que se trataba de la cuenta número 5v3-50653 del banco Merrill Lynch y que fue abierta el 7 de marzo de 2002 por Sara Garfunkel y Sandra Nisman como titulares. El 16 de junio de 2014 se sumó Lagomarsino como titular y Nisman siempre figuró como apoderado.
La cuenta tenía movimientos por 666.690 dólares entre el 13 de septiembre de 2012 y el 19 de agosto de 2014. La dirección asociada a la cuenta es un departamento de la calle Franklin Roosevelt al 2700, que es donde vive Sara Garfunkel. Ninguno de ellos la consignó en sus declaraciones juradas.
Tras la salida de Canicoba Corral, la causa pasó al juez Claudio Bonadio. Las indagatorias no se concretaron y el expediente quedó en suspenso por una serie de planteos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En febrero del año pasado, tras la muerte de Bonadio, quien tomó el expediente fue Martínez De Giorgi.
Y en noviembre tuvo una reactivación. Picón se presentó en la causa para pedir que se le permita disponer de una serie de vehículos sobre los que pesaban impedimentos. La Cámara Federal aceptó su planteo y le pidió al juez Martínez De Giorgi que “se avance en la pesquisa con la mayor celeridad que la investigación lo permita”.
El juez tomó una serie de medidas “Dichas medidas a decretar, tienen por objeto obtener y sumar legalmente pruebas o elementos de convicción que permitan un conocimiento acabado de los hechos que motivan las presentes actuaciones y evitar que los imputados pudieran continuar obteniendo un beneficio de lo que podría ser producto de un ilícito”, explicó.
“Una de esas medidas es la realización de un informe sobre la “evolución económica histórica de los ingresos y egresos de los encausados, Sras. Sara Garfunkel y Sandra Ruth Nisman, Sres. Diego Ángel Lagomarsino y Claudio Picón, como también el Sr. Alberto Natalio Nisman”.
El juez también le pidió a la Procuración General de la Nación el legajo laboral de Nisman para que los peritos tengan constancias de sus ingresos como fiscal. Sobre Alberto Nisman, el magistrado quiere conocer sus bienes. Por eso le solicitó al juzgado civil 99, donde se tramita la sucesión del fiscal, que le remita “el listado del acervo hereditario”.
Otra decisión del juez fue embargar las cuentas bancarias de Garfunkel, Sandra Nisman, Lagomarsino y Picón. Y lo mismo con sus bienes. “Por ello, y ante la existencia de confusión económica y entrecruzamiento entre los imputados y las sociedades mencionadas en autos, a fin de cumplir con los objetivos y fines señalados (cfr. art. 193 del CPPN)…”
Explicó que el objetivo de todas las causas por lavado de dinero es recuperar el dinero del delito y que una manera de asegurarlo es embargando bienes que luego se puedan rematar o que queden para el Estado. El juez también busca conocer la relación entre los acusados de la causa.
Para eso dispuso un entrecruzamiento de llamados de los teléfonos para saber si estuvieron comunicados. Puntualmente sobre Picón, el juez además ordenó el embargo preventivo de seis vehículos, la intervención de sus empresas “Palermopack S.A.”, “Starpack S.A.” y “Easy Pack” por 12 meses.
Por último, Martínez De Giorgi pidió información sobre Damián Stefanini. Se trata del empresario que desapareció en octubre de 2014 y registraba depósitos en la cuenta de Nisman en Estados Unidos. El juez requirió al Registro Nacional de Reincidencia si Stefanini tiene antecedentes y a la justicia federal de San Martín y de San Isidro, si existen causas en las que estuvo imputado.
La resolución del juez ya fue objetada. La defensa de la madre y la hermana de fiscal apelaron la decisión. El abogado Lanusse sostuvo que las mujeres ya tuvieron sus bienes embargados, que esa decisión está apelada en la Corte y que los plazos que fija la ley para inmovilizar bienes están vencidos. “Las Sras. Sara Garfunkel y Sandra Nisman, pese a haber caducado las medidas cautelares dispuestas, no alteraron su patrimonio”, sostuvo la defensa.