La Fiscalía Federal de San Luis solicitó elevar a juicio a los tres policías acusados de abusar sexualmente de la mujer que se estaba detenida en la comisaría. La víctima se encontraba presa por hacer circular moneda falsa.

La Fiscalía Federal de San Luis solicitó en las últimas horas la elevación a juicio de tres policías provinciales acusados de abusar sexual mente de una mujer que estaba detenida en una comisaría por hacer circular moneda falsa.

Según publicó el Ministerio Público Fiscal de la Nación, la víctima denunció haber sido atacada sexualmente por parte del jefe de servicio, que contó con el apoyo de otros dos agentes.

En la causa interviene el fiscal federal subrogante Cristian Rachid, quien dispuso a favor de la mujer la acción penal en su contra -es decir, decidió no acusarla del delito que se le imputa– por aplicación del criterio de oportunidad.

La mujer fue detenida el 21 de abril de 2019 y procesada como presunta autora de expender moneda falsificada en concurso ideal con el delito de defraudación. De acuerdo a la acusación, entregó nueve billetes de mil pesos a la encargada de la barra de un salón bailable de la localidad puntana de Villa La Quebrada en diversas ocasiones para comprar bebidas, recibiendo a cambio la mercadería, así como vuelto en billetes de curso legal de menor denominación.

Cuando la empleada fue finalmente alertada sobre el carácter espurio de los billetes con los que la mujer abonaba las compras, formuló una denuncia que devino en su detención y traslado a la comisaría provincial de esa localidad.

En el marco de una ampliación de su declaración indagatoria posterior al dictado de su procesamiento, la mujer denunció haber sido víctima de un abuso sexual mientras estuvo detenida en la comisaría hasta que fue retirada de allí por la Policía Federal Argentina.

Esta denuncia dio lugar a una nueva investigación en la que se imputó a tres policías: el oficial principal de la comisaría fue acusado en grado de autor y dos auxiliares como partícipes necesarios del delito de abuso sexual de una persona mediando violencia, amenaza y abuso coactivo de una relación de poder, con acceso carnal vía vaginal.

Por su duración y circunstancias de tiempo, modo, lugar y personas, se lo consideró un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima, agravado por haber sido cometido por dos o más personas, integrantes de una fuerza policial y en ocasión de sus funciones.

Tras la investigación, el representante del MPF analizó y descartó la aplicación de una condena de ejecución condicional o, incluso, de una salida alternativa del proceso como la probation, pues “resultarían desproporcionadas e innecesarias conforme los fines legales de retribución y prevención asignados a la sanción penal y a los principios de humanidad y ultima ratio de la intervención penal”.

El fiscal ponderó la grave violencia de género, institucional y sexual que padeció la imputada, como consecuencia precisamente de su detención, y entendió que “aquella vulnerabilidad que presentaba la imputada al momento de los hechos que se le imputaron determinó su particular exposición para ser víctima de los graves delitos que se imputan a sus captores”.