Denuncian que en el pueblo de Atacama empresas están violando el derecho a la consulta por la explotación del suelo para extracción de litio

En Salta se encuentra en etapa de explotación para en un futuro dentro de uno o dos años comenzar con extracción de litio en la zona. En la misma hay al rededor de 20 comunidades originarias, distribuidas entre pueblos Atacama y Kolla. Comunidades a las cuales no les fue consultada dicha explotación.

Lo que infringe una ley en el convenio 169  Internacional de Trabajo en la cual se expresa que

«…los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.» (Artículo 15, Apartado 2)

El punto de vista legal

De esta manera el abogado especializado en derecho indígena Miguel Casimiro, el cual a su vez es el representante de la comunidad Likanantaí. El abogado expresó que «el planteo que están haciendo las comunidades es el de agotar las instancias administrativas. Para, de no tener respuestas, ingresar una demanda judicial a las provincias que hacen caso omiso de los derechos que amparan a las comunidades».

Además el abogado expresó que a pesar de estar en diálogo con el Ministerio de Asuntos Indígenas de la provincia. Y conversar acerca de  la consulta y participación de los pueblos originarios. Desde el ministerio se desvía el tema hacia «otras cuestiones que no dice la ley».

A su vez Casimiro dijo que «Hace poco querían hacer un protocolo de consulta a comunidades y pueblos indígenas. Que no tenía nada de lo que establece el derecho en sí. En el sentido de que ellos plantean que el sujeto a consultar es la autoridad. Cuando la autoridad en una comunidad es la asamblea, no una persona en particular«.

Por su parte el abogado de la comunidad realizó la denuncia de los proyectos extractivistas que funcionan en la zona. Los cuales se aprueban falsificando las firmas de consentimiento de derecho a la explotación de las tierras. Realizando así una presentación falsa de la documentación legal para realizar el proyecto.

¿Que dice el Estado?

En representación de los organismos públicos habló Ariel Sanchez. El subsecretario de Regularización Territorial y Registro de Comunidades Indígenas del Ministerio de Asuntos Indígena. Sanchez aseguró que este organismo del cual pertenece no existía sino hasta 2016. Y que previamente el protocolo era una «mesa de consulta», conformada por actores indígenas y no indígenas. Al mismo tiempo aseguró que el protocolo a utilizar actualmente es interministerial. Es decir, requiere que la Secretaría de Minería, les informe si hay existencia de comunidades indígenas en el territorio a explotar. Para de esta manera realizar la consulta sobre el uso de dichas tierras. Pero en el caso del litio, Sanchez asegura que aún no hay ningún expediente.

Lo que les queda a los habitantes

De esta manera el abogado Casimiro afirma que no es solo el reclamo al derecho por sobre esas tierras, sino que reclaman el derecho por su territorio ancestral. Y expresa que «los recursos naturales que están debajo, en el subsuelo o en el espacio aéreo y en la superficie. Tienen que pasar por el proceso de consulta y participación ajustado al derecho colectivo»

Sin embargo el negocio es redondo, según el abogado las empresas no pagarían regalías sino que en un acuerdo con el gobierno pactaron que se construyan nuevas rutas. Esto para poder transportar los materiales que saquen de las minas con más facilidad. En ese sentido afirmó que «Ahora las empresas mineras ya no van a pagar regalías. Se estableció que las inviertan en infraestructura y lo que están pidiendo es pavimentar las rutas para sacar más rápido los recursos naturales extraídos del territorio. Nunca se han planteado hacer un hospital en San Antonio de los Cobres de mediana o alta complejidad»

Finalmente el abogado mencionó el abandono de los pueblos luego del proceso de extracción, como ya ha pasado en varios pueblos. Y declaró que «es un búmeran que nosotros lo tomamos diciendo ‘va a generar trabajo’. Pero después ¿en qué va a quedar San Antonio? Cuando se acabe la explotación de litio se va a convertir en un pueblo fantasma»