El gobierno bonaerense impuso multas por tener empleadas domésticas en negro. “Hay muchísimos trabajadores en la informalidad”, dijeron.
La representante sindical de trabajadores de casas particulares, Juana del Carmen Britez, se refirió a la millonaria multa que recibió un barrio privado de Pilar por intentar obstruir una inspección. En declaraciones a Mañana es Mejor, por Radio Provincia, la titular de la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares dijo que “cuando nos presentábamos con el ministerio de Trabajo para entregar el oficio había una restricción terrible de parte de las administraciones de los countries”.
Juana del Carmen Britez aclaró que la cartera laboral bonaerense “les está dando a los barrios cerrados un plazo para la entrega de los libros de entrada y salida de los trabajadores”, además de poner en el ingreso del sitio “un cartel con un código QR para que los empleadores tengan la información de cómo registrar a sus empleados”. La dirigente sindical manifestó que “en algunos lugares nos recibieron bien y en otros debíamos notificar que si no entregaban la documentación se multarían”.
En ese sentido señaló que “los countries tienen los registros de entrada y salida de las trabajadoras de casas particulares y de alguna manera buscábamos cruzar esos datos para inspeccionar a aquellos empleadores que no están cumpliendo con la ley”. “Hay muchísimo personal que está trabajando en la informalidad”, denunció, y subrayó que “no existe incompatibilidad entre el registro y los subsidios que otorga el Estado”, por lo que los empleados “ni siquiera pierden la AUH”.
En ese marco, aseguró, al igual Britez que “la registración es económicamente barata” debido a que “no pasa los $3.000” y a partir de ahí “el empleado tiene la seguridad de tener una ART, una obra social y una jubilación y esto también le brinda muchísimos beneficios al empleador”. Por otro lado la ministra de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz Malec también se refirió al tema y dijo que: “Es injustificable no registrar a las empleadas de casas particulares”.
Malec, al referirse al operativo realizado por esa cartera en un barrio cerrado del partido de Pilar, al que se le aplicó una multa de 3 millones de pesos por obstruir las tareas de inspección para verificar el registro laboral. “Estamos hablando de un sector que paga más de 30.000 pesos de expensas y el máximo que debe abonar al registrar a una trabajadora es de 3.000 pesos”, expuso en declaraciones a FM La Patriada.
Luego, la funcionaria contó que esa cartera realiza operativos en toda la provincia en los que se solicita información a los barrios cerrados para identificar “a las personas que entran a trabajar en las viviendas particulares”, hecho que les permite “cruzar la información e intimar a dueños o inquilinos de esas casas quienes no tengan registrada a su trabajadora”. Afirmó que “hay varios barrios cerrados que nos han brindado esa información y ahí termina nuestra relación con el country porque colaboró con el Estado”.
“En el caso de que no no se brinda la información, se está obstruyendo la función del Ministerio como fiscalizadores de las relaciones laborales, por lo que se labra una multa por obstrucción. Es lo que sucedió este martes en un barrio que nos había pedido varias prórrogas para presentar la información, pero no lo hizo. Se multa la obstrucción”, contó. La multa que realizó el Ministerio de Trabajo fue de 3.554.025 pesos a la administración del country “por obstruirse el acceso a la información requerida”.