Los fiscales Eduardo Taiano y Sergio Rodríguez, realizaron el pedido de indagatoria de Ginés Gonzales García y pidieron también que sean citados Alberto Maceira, María Elena Borda, Marcelo Guille y Alejandro Costa
Los fiscales Eduardo Taiano y Sergio Rodríguez, el ultimo es titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), pidieron hoy que sea citado a indagatoria el ex ministro de Salud Ginés González García por el escándalo del vacunatorio VIP, que motivó su salida del Gobierno. Pidieron también que sean citados el ex titular del Hospital Posadas Alberto Maceira y María Elena Borda (ex Jefa de Servicio de Medicina Preventiva del Posadas).
Esto ocurrió mediante un escrito de 100 carillas donde también se solicita que se presente a indagatoria Marcelo Guille (fue secretario privado de González García y realizó llamados para convocar a los vacunados VIP al Ministerio de Salud) y Alejandro Salvador Costa. A todos ellos les imputa los delitos de abuso de autoridad y peculado de bienes, previstos en los artículos 248 y 261 del Código Penal. El escándalo explotó en febrero de 2021 cuando el periodista Horacio Verbitsky dijo al aire que se había vacunado contra el Covid-19.
Esto lo relató en su programa de radio, y dijo que tras el llamado del exministro Gines González García había ido a vacunarse al Ministerio de Salud. “La sustracción se produjo cuando las vacunas dejaron de estar disponibles en el Hospital Posadas para cumplir con el objetivo estatal dispuesto para esas dosis, que comprendía únicamente la inoculación del “Personal de Salud” y eventualmente del Personal estratégico”, dice el dictamen.
Los fiscales explicaron que Maceira y Borda, que estaba a cargo del vacunatorio de ese hospital, ordenaron el retiro de al menos 35 dosis de la vacuna contra el COVID-19 para vacunar a 23 personas “elegidas discrecionalmente y por motivos particulares, que no cumplían con los criterios de prioridad epidemiológicos previstos al no integrar la categoría “Personal de Salud y/o Estratégico”, infringiendo de esa forma el esquema de vacunación estipulado en la Resolución MSAL 2883/2020.
Con esto quedó demostrado “la vulneración de los derechos con jerarquía constitucional relativos a la salud, a la igualdad y no discriminación”. En julio de 2021, la jueza María Eugenia Capuchetti decidió archivar parcialmente el caso al afirmar que en el Código Penal “no existe un tipo penal que criminalice la conducta de un funcionario público que otorgue tratos especiales como el que es objeto en esta investigación”.
Pero el fiscal Sergio Rodríguez, apeló y luego la Cámara Federal, con la firma de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, le dio la razón y ordenó reabrir la investigación a más de dos años del escándalo. “Más allá de que la cantidad de dosis sustraídas que aquí se imputan pueda parecer insignificante, no hay que dejar de tener en cuenta la situación de angustia, temor, impotencia, tristeza y dolor por la que la sociedad atravesaba entonces”, sostiene el dictamen.
Entre los que fueron vacunados cuando no les correspondía estaban el expresidente Eduardo Duhalde y su familia, y el periodista Horacio Verbitsky, que fue quien contó el hecho desconociendo que era un secreto a voces, y desconociendo de antemano el escándalo que provocaría su relato. Cuando recibieron sus dosis las vacunas estaban reservadas solo a determinados grupos dentro de la sociedad (como el personal de salud) y ellos no calificaban para un acceso prioritario.
El Ministerio Público Fiscal informó que la solicitud se basa en tres hechos. El primero es por haber dispuesto el retiro de 10 vacunas contra el Covid-19 asignadas al hospital Posadas y su traslado al Ministerio de Salud de la Nación, el 18 de febrero de 2021. El segundo hecho imputado es por haber dado la orden de retirar cinco vacunas asignadas al Ministerio de Salud que fueron llevadas a la casa de Eduardo Duhalde el 1° de febrero de 2021.
Con esas dosis se vacunó al expresidente, a miembros de su familia y a Carlos Alberto Mao. Ellos tampoco estaban habilitados para recibir las dosis en ese momento. Por este hecho se solicitaron las indagatorias de González García y Costa. El tercer hecho es por haber autorizado la aplicación de al menos 35 vacunas asignadas al Hospital Posadas, entre el 29 de diciembre de 2020 y el 23 de febrero de 2021, a personas elegidas discrecionalmente y por motivos particulares. Por este hecho se solicitaron las indagatorias de Maceira y Borda.