La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó este lunes un dato clave tras la declaración de las mujeres que financiaron la compra de uno de sus inmuebles. Ambas aseguraron ante la Justicia que el funcionario aún mantiene una deuda de 70.000 dólares más intereses.
Se trata de Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio, quienes prestaron testimonio como testigos ante el fiscal federal Gerardo Pollicita. En su declaración, ratificaron haber otorgado un préstamo hipotecario privado -no bancario- por un total de 100.000 dólares en noviembre de 2024 para la adquisición de un departamento en el barrio porteño de Caballito.
Según precisaron, el acuerdo contempla cuotas mensuales vigentes, una tasa del 11% anual y un vencimiento final previsto para noviembre de este año.
Más allá de la confirmación del préstamo, la Justicia pone el foco en otro punto sensible: la capacidad económica de las prestamistas y el origen real de los fondos utilizados en la operación.
Ambas mujeres, integrantes de la Policía Federal, quedaron bajo análisis en ese aspecto, mientras el fiscal intenta determinar si el financiamiento declarado se corresponde con una operatoria legítima o si fue utilizado para encubrir el verdadero circuito del dinero.
En paralelo, la escribana Adriana Nechevenko sostuvo que no existieron préstamos en efectivo y que la operación se realizó dentro de un esquema “normal”, bajo un sistema de pago en cuotas entre privados. Sin embargo, esa explicación no termina de despejar las dudas en la causa.

La investigación no solo apunta al préstamo, sino también a la estructura completa de la operación inmobiliaria. El expediente busca reconstruir la cadena de transacciones que incluyó la participación previa del exfutbolista Hugo Morales como propietario del inmueble, antes de su transferencia a las mujeres que luego financiaron la compra.
A esto se suma otro elemento que encendió alertas: la simultaneidad de las operaciones. El mismo día en que se concretó la compra del departamento en Caballito, la esposa del funcionario adquirió otra propiedad en un country bonaerense, lo que profundizó las sospechas sobre la consistencia patrimonial del entorno.
El avance de la causa continuará en los próximos días con nuevas testimoniales. Para el miércoles está prevista la declaración de otras dos acreedoras vinculadas a la misma operación, en un intento de la Justicia por completar el mapa financiero detrás de las transacciones.
Cada nueva declaración refuerza el foco sobre la trazabilidad de los fondos y aumenta la presión sobre un expediente que ya dejó de ser un episodio aislado.

El avance judicial coincide con un escenario de fuerte exposición política del funcionario. Este mismo lunes, Adorni tiene prevista una visita al Instituto Malbrán junto a Karina Milei, en una actividad que el Gobierno busca mostrar como respaldo en medio de la causa.
Sin embargo, la jornada también estará atravesada por protestas sindicales y por el impacto de las declaraciones judiciales, lo que configura un escenario complejo para el oficialismo.
Con una deuda reconocida, dudas sobre el origen del dinero y nuevas pruebas en análisis, la causa empieza a consolidarse como uno de los frentes más incómodos para el Gobierno.