Adorni frente a un capítulo incómodo: declaran las jubiladas que lo financiaron

El fiscal federal Gerardo Pollicita tomó este miércoles declaración testimonial a Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, las jubiladas que le financiaron la compra de un departamento al jefe de Gabinete Manuel Adorni, en el marco de la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito.

La audiencia se desarrolló en los tribunales de Comodoro Py, donde Sbabo llegó temprano para evitar la exposición mediática, aunque permaneció varias horas en la fiscalía antes de declarar. Viegas ingresó más tarde, también en condición de testigo.

El financiamiento bajo la lupa

Ambas mujeres participaron en la operación de compraventa de un inmueble ubicado en la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito, que Adorni adquirió junto a su esposa Bettina Angeletti.

La propiedad fue escriturada en noviembre de 2025 por un valor de 230.000 dólares. Según consta en la causa, el funcionario abonó 30.000 dólares como anticipo y financió los 200.000 restantes a través de una hipoteca otorgada por las propias vendedoras.

En ese contexto, la fiscalía ordenó que ambas testigos entreguen sus teléfonos celulares para analizar registros de llamadas, mensajes y otros elementos vinculados a la operación.

Vínculos y condiciones de la operación

Uno de los puntos que analiza la Justicia es el vínculo entre las partes. Según se desprende del expediente, la relación de confianza habría sido clave para acordar una hipoteca sin intereses a un año.

El nombre de Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las vendedoras, también aparece en la causa. De acuerdo a declaraciones incorporadas, tendría un vínculo personal con Adorni, lo que explicaría las condiciones del acuerdo.

Próximos pasos de la investigación

La causa continuará la semana próxima con nuevas declaraciones testimoniales. Están citados los responsables de la inmobiliaria que intervino en la operación, Natalia Rucci y Marcelo Trimarchi.

Además, el fiscal dispuso otras medidas vinculadas a los movimientos patrimoniales del funcionario, incluyendo citaciones por viajes y la investigación sobre otra propiedad en el country Indio Cuá.

También deberá declarar el contratista encargado de la remodelación de ese inmueble, quien deberá presentar documentación detallada sobre las obras realizadas.

El origen de la causa

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Adorni se inició tras una serie de denuncias que apuntaban a inconsistencias en sus declaraciones juradas y a la utilización de un avión privado para viajar a Punta del Este junto a un amigo periodista.

En paralelo, la Justicia avanzó con el levantamiento del secreto fiscal y bancario del funcionario, su esposa y otras personas vinculadas a las operaciones bajo análisis.

Con el avance de las testimoniales y la incorporación de nueva prueba, la causa entra en una etapa clave para determinar si existieron irregularidades en las operaciones inmobiliarias del jefe de Gabinete.

La deuda en dólares y nuevas dudas

La causa ya había sumado en los últimos días otro elemento sensible: la confirmación de una deuda de 70.000 dólares más intereses por parte de otras acreedoras del funcionario, en el marco de un préstamo hipotecario privado.

Según declararon, el acuerdo original habría sido por 100.000 dólares, con cuotas mensuales, una tasa del 11% anual y vencimiento previsto para noviembre de este año.

Este dato reactivó el foco judicial sobre la capacidad económica de quienes financiaron las operaciones y sobre el origen de los fondos, uno de los ejes centrales de la investigación.

En ese sentido, la Justicia busca determinar si el esquema declarado responde a una operatoria habitual entre privados o si pudo haber sido utilizado para encubrir el verdadero circuito del dinero.