El caso judicial que involucra al jefe de Gabinete Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo político luego de que Patricia Bullrich explicitara el malestar dentro del Gobierno por el impacto de las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito.
“No voy a hablar de nuevo. Es un tema de la Justicia, punto, basta. No quiero explicar nada”, lanzó la ministra durante un evento empresario, en un intento por cerrar la discusión pública sobre el funcionario, pero dejando al descubierto la incomodidad dentro de La Libertad Avanza.
La declaración se dio en una semana marcada por avances en la causa judicial, donde ya declararon testigos clave vinculados al financiamiento de propiedades del funcionario, y en medio de un creciente costo político para la Casa Rosada.
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito sigue avanzando en Comodoro Py, con foco en el circuito del dinero utilizado para la compra de inmuebles.
En ese marco, declararon las mujeres que financiaron parte de la adquisición de un departamento en Caballito y entregaron sus celulares para ser analizados por la fiscalía, en busca de reconstruir las comunicaciones y el origen de los fondos.
Además, en los últimos días se sumó otro dato sensible: la confirmación de una deuda de 70.000 dólares más intereses, lo que volvió a poner bajo la lupa la trazabilidad del dinero y la capacidad económica de quienes intervinieron en las operaciones.
Mientras la causa avanza, Adorni optó por el silencio público. Suspendió sus conferencias de prensa durante varias semanas consecutivas y redujo su exposición, en un intento por evitar profundizar la crisis.
Sin embargo, puertas adentro del Gobierno crece la preocupación por el impacto político del caso, que se suma a otros frentes complejos para la gestión.
El funcionario, que había sido proyectado como una de las figuras competitivas del oficialismo en la Ciudad de Buenos Aires, atraviesa ahora un momento de fuerte desgaste que reconfigura el tablero interno.
En este contexto, Bullrich aparece como una de las pocas voces que se refieren al tema, aunque marcando distancia. Su postura expone no solo el intento del Gobierno de correrse del caso, sino también la disputa interna por el liderazgo dentro del espacio.
Con Adorni debilitado, la ministra gana volumen político en la carrera por la Ciudad y se posiciona como una figura con autonomía dentro del armado libertario.
El episodio también refleja una dificultad más amplia del oficialismo para sostener su agenda en medio de escándalos y tensiones, en un escenario donde la narrativa anticasta y la estabilidad económica aparecen bajo presión.

El caso Adorni comienza a consolidarse como un frente incómodo para el presidente Javier Milei, que debe gestionar el impacto político de la causa en un contexto económico y judicial complejo.
Entre fallos adversos, tensiones legislativas y datos económicos que generan preocupación, el Gobierno enfrenta ahora el desafío de contener una crisis que combina desgaste interno y exposición pública.
Con la investigación en curso y nuevas declaraciones previstas, el futuro de Adorni se vuelve cada vez más incierto, mientras su situación amenaza con seguir condicionando la agenda oficial.