Orden de la Justicia
20/04/2026 - Edición Nº1168
Política
Frente abierto
Milei redefine la ley universitaria: Justicia, Congreso y una meta fiscal clave
20/04/2026 | Tras apelar para frenar pagos, el Gobierno reactiva el proyecto en el Congreso y busca apoyo opositor.
El Gobierno nacional acelera una nueva Ley de Financiamiento Universitario en paralelo a su ofensiva judicial para evitar cumplir con la normativa vigente, en un intento por contener el impacto fiscal y ordenar un conflicto que ya escaló en las calles y los tribunales.
El Gobierno nacional acelera una nueva Ley de Financiamiento Universitario en paralelo a su ofensiva judicial para evitar cumplir con la normativa vigente, en un intento por contener el impacto fiscal y ordenar un conflicto que ya escaló en las calles y los tribunales.
La estrategia oficial combina dos frentes: por un lado, la apelación presentada por la Procuración del Tesoro para suspender artículos clave de la ley 27.795; por otro, el impulso a un nuevo proyecto en el Congreso con parámetros de gasto más acotados. El objetivo es claro: reducir la presión sobre las cuentas públicas sin quedar expuesto a nuevos fallos adversos.
Internas y cambio de plan
La hoja de ruta no estuvo exenta de tensiones dentro de La Libertad Avanza. En febrero, el Ministerio de Capital Humano había iniciado conversaciones con rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y gremios docentes para acercar posiciones. El plan era discutir el proyecto en marzo y evitar la judicialización del conflicto.
El secretario de Educación, Carlos Torrendell, encabezó esas negociaciones y, según reconstruyen en el oficialismo, existía un entendimiento inicial para avanzar. Sin embargo, la iniciativa perdió prioridad en el Congreso, donde algunos sectores apostaron a un desenlace favorable en la Justicia.
Esa jugada no dio resultado. Los fallos que obligan al Estado a cumplir con la actualización de salarios y partidas dejaron al Gobierno en una posición incómoda, forzando un cambio de estrategia.
La vía judicial
El sábado, el Ejecutivo dio un paso más en ese camino al presentar un Recurso Extraordinario Federal ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. A través de la Procuración del Tesoro, encabezada por Sebastián Amerio, pidió suspender los artículos 5 y 6 de la ley vigente, que establecen la recomposición salarial y el aumento de becas.
El argumento oficial retoma una línea ya utilizada por Javier Milei: la norma no define las fuentes de financiamiento necesarias y su aplicación compromete el equilibrio fiscal. En esa presentación, además, cuestionó la cautelar que ordena cumplir con esos puntos y solicitó que, en caso de llegar a la Corte Suprema, los jueces se aparten por su vínculo con la docencia universitaria.
Mientras tanto, la resolución judicial sigue vigente y obliga al Gobierno a transferir los fondos, en un escenario donde el Consejo Interuniversitario Nacional evalúa avanzar con sanciones por incumplimiento.
Nueva negociación política
Con ese telón de fondo, el oficialismo intenta retomar la iniciativa política en el Congreso. Diputados libertarios anticipan negociaciones con sectores de la oposición dialoguista para aprobar un nuevo texto que contemple una recomposición salarial más moderada que la establecida en la ley actual.
La propuesta del Ejecutivo reconoce la pérdida de poder adquisitivo de docentes y no docentes durante 2025, pero valida el recorte aplicado en 2024. En los fundamentos, evita hablar de ajuste y plantea la necesidad de “armonizar” el financiamiento universitario con “las reales posibilidades” del Estado.
Conflicto en las aulas
El impacto del conflicto ya se siente en el sistema educativo. Docentes, estudiantes y comunidades académicas protagonizaron en los últimos días movilizaciones y marchas de antorchas en rechazo a la falta de actualización presupuestaria.
En la Ciudad de Buenos Aires, alumnos del Colegio Carlos Pellegrini realizaron un abrazo simbólico al edificio y se sumaron a una protesta que avanzó hasta el Obelisco, con consignas en defensa de la universidad pública y reclamos por salarios dignos.
La tensión, lejos de disiparse, se profundiza. Y el Gobierno busca ahora una salida que combine contención fiscal, respaldo político y margen judicial para evitar que el conflicto escale aún más.
