El gobierno de Santa Fe anunció un proyecto para crear un fideicomiso público-privado destinado a financiar obras viales en los accesos portuarios del Gran Rosario, con un aporte de USD 1,50 por tonelada transportada por camión. Esta iniciativa fue presentada por el gobernador Maximiliano Pullaro y parte de la siguente premisa: la falta de obra pública nacional obliga a encontrar un mecanismo alternativo para financiar infraestructura.
La propuesta fue rechazada enérgicamente por entidades del sector, como el caso de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Federación Argentina de Acopiadores. En el caso de los exportadores de granos, están interesados en que se genere una alternativa que permita financiar estas obras, aunque pusieron en duda el monto de USD 1,50 propuesto por Pullaro, entre otros puntos.
Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), analizó el panorama. “En la región, las comunas y los municipios cobran tasas viales. En algunos casos hacen el mantenimiento de sus calles, otras no hacen nada y seguimos teniendo caminos de tierra”, sostuvo el directivo.
En declaraciones a Radio Continental, consideró que si esta iniciativa se pone en marcha, tendría que haber una tasa única, que implique la renuncia definitiva de todas las tasas municipales. “El gobernador propone un fideicomiso público-privado, esto es muy importante. Seríamos parte de la mesa para decidir que esa recaudación no vaya al Tesoro, sino que quede en un fideicomiso”, sostuvo.
Y agregó: “Ese fideicomiso sería administrado por todos los interesados, incluyendo los transportistas, las entidades de productores, la Bolsa de Comercio de Rosario, nosotros, el Gobierno Provincial y los municipios, y ahí resolveremos qué otras obras hay que realizar”.
Consultado sobre la tarifa de USD 1,50 propuesta por Pullaro, Idígoras consideró que “nos parece muy exagerado. Estamos hablando de un derecho de exportación en la práctica y creemos que hay que costearlo de una manera distinta”.
En este punto, propuso que se implementen peajes electrónicos. “Hay que levantar todos los peajes físicos e ir a peajes electrónicos como cualquier otra parte del mundo. De esa manera, el transporte de camión y de vehículo paga un peaje y fluye perfectamente”.
Y concluyó: "Creo que hay que ver la forma de amortizar la inversión de la provincia de Santa Fe, que está bien hacerla.
Van a venir semanas complejas de debate, pero me parece que lo bueno es que tenemos una provincia que decidió invertir en ese aspecto".
Uno de los aspectos que más ruido generó en sectores rurales y de acopio es el destino de una parte de los fondos a municipios y comunas del cordón portuario. Actualmente, muchas de esas localidades ya cobran tasas vinculadas al tránsito pesado o a servicios viales. Por eso, distintos actores advierten que el nuevo esquema podría terminar consolidando una “doble imposición”.
El presidente de la Federación de Acopiadores, Fernando Rivara, fue uno de los más duros. En declaraciones periodísticas, consideró que el proyecto “institucionaliza un robo de los municipios del Gran Rosario a la producción argentina” y cuestionó que parte de la recaudación quede en manos de intendencias que, según planteó, ya venían cobrando tasas sin que eso se reflejara en mejoras concretas de infraestructura.