Lo que pasó en el campo
07/05/2026 - Edición Nº1185
Agro
NUEVO ESQUEMA
Santa Fe abre un frente con el campo por un fideicomiso para rutas a los puertos
07/05/2026 | Pullaro busca financiar obras con el cobro de USD 1,5 por tonelada trasportada y siguen las tasas municipales.
Santa Fe abre un frente con el campo por una tasa para las rutas a los puertos
El gobierno de Santa Fe anunció un proyecto para crear un fideicomiso público-privado destinado a financiar obras viales en los accesos portuarios del Gran Rosario, con un aporte de USD 1,50 por tonelada transportada por camión.
La iniciativa busca resolver el colapso logístico de una región por donde sale el 80% de las exportaciones de granos del país, pero abrió un fuerte debate con entidades rurales y actores de la cadena agroindustrial.
La propuesta fue encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro (UCR) junto a funcionarios provinciales, intendentes del cordón portuario y representantes de la agroindustria y presentada en la Bolsa de Comercio de Rosario.
El planteo oficial sostiene que la falta de obra pública nacional obliga a encontrar un mecanismo alternativo para financiar infraestructura crítica que hoy aparece desbordada por el ingreso de unos 2 millones de camiones por año.
El esquema contempla la creación de un fideicomiso mixto integrado por la Provincia, municipios, exportadoras, transportistas y entidades privadas. Según el diseño preliminar, USD 1,10 por tonelada irían a obras viales y USD 0,40 a municipios y comunas para tareas de mantenimiento y control.
La Provincia insiste en que “no es un nuevo impuesto”, sino un mecanismo específico para financiar obras que, de otra manera, demandarían décadas.
Sin embargo, el anuncio impactó de lleno en uno de los debates más sensibles para el agro: la presión impositiva y las tasas viales.
El tema ya viene generando conflictos judiciales en distintos puntos del país y forma parte de la ofensiva política del gobierno de Javier Milei contra municipios que cobran tributos sobre actividades productivas o de transporte. En ese contexto, la discusión santafesina rápidamente escaló más allá de la cuestión técnica.
El núcleo del conflicto no está en la necesidad de las obras -sobre la que prácticamente no hay diferencias- sino en quién termina pagando la cuenta, cómo se administra el dinero y si el nuevo esquema terminará consolidando una estructura de cobros adicionales sobre la producción.
El argumento oficial: “sin este esquema, las obras no llegan”
La administración provincial sostiene que el deterioro de rutas y accesos portuarios llegó a un punto crítico y que el sistema actual quedó completamente superado por el crecimiento de la actividad exportadora.
El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, defendió el proyecto al señalar que “por nuestros puertos sale el 80% de la producción nacional de granos”, y remarcó que el objetivo es avanzar hacia “un sistema moderno” con nuevas rotondas, puentes y ampliación de carriles.
Avanzamos hacia un sistema planificado y moderno para mejorar las rutas que acceden a los puertos, con el objetivo de ordenar la circulación, optimizar la logística y acompañar el crecimiento productivo. 🙌🏻
— Gustavo Puccini (@GustavoPuccini) May 4, 2026
📍Estamos trabajando en la construcción de un acuerdo para unificar los… pic.twitter.com/f7fsRMa1vs
En la Casa Gris aseguran que el fideicomiso permitiría invertir unos USD 400 millones para modernizar cerca de 400 kilómetros de rutas estratégicas. También remarcan que el dinero no ingresaría a rentas generales de la Provincia, sino que tendría administración específica y control compartido con privados y municipios.
Ese punto aparece como uno de los principales argumentos oficiales para responder a las críticas sobre un eventual “nuevo impuesto”. La Provincia intenta mostrar que el esquema no sería una recaudación tradicional sino un mecanismo afectado directamente a infraestructura logística.
El foco de la polémica: los USD 0,40 para municipios
Uno de los aspectos que más ruido generó en sectores rurales y de acopio es el destino de una parte de los fondos a municipios y comunas del cordón portuario.
Actualmente, muchas de esas localidades ya cobran tasas vinculadas al tránsito pesado o a servicios viales. Por eso, distintos actores advierten que el nuevo esquema podría terminar consolidando una “doble imposición”.
El presidente de la Federación de Acopiadores, Fernando Rivara, fue uno de los más duros. En una entrevista a AIRE Agro consideró que el proyecto “institucionaliza un robo de los municipios del Gran Rosario a la producción argentina” y cuestionó que parte de la recaudación quede en manos de intendencias que, según planteó, ya venían cobrando tasas sin que eso se reflejara en mejoras concretas de infraestructura.
“Unos 0.40 dólares van a ir para cada municipio. Que es lo que estaban cobrando alegando la mentira de que ellos arreglaban la red vial. Toda una falacia. Y le vamos a regalar la plata de todos los productores a ustedes para hacer politiquería barata, para tener empleados públicos. Ese es el primer punto que motiva una crítica” señaló.
Rivara también puso el foco en la magnitud potencial de la recaudación y reclamó información más detallada sobre las toneladas proyectadas y el destino preciso de los fondos.
“El gobierno debería informar las toneladas que se descargan este año, por ejemplo. Con 160 millones de toneladas, cuánto se descargó en los puertos, para ver de qué plata estamos hablando” sostuvo.
Santa Fe impulsa un fideicomiso para arreglar las rutas al puerto En ese marco, el representante de los acopiadores pidió más precisiones a las autoridades: “¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer?”, cuestionó, al advertir sobre el riesgo de crear un esquema permanente de cobro más allá de las obras necesarias.
La discusión toca un nervio sensible para el agro: la percepción de que distintos niveles del Estado terminan financiándose sobre la actividad productiva mediante tasas específicas cuyo retorno en servicios es discutido.
La Sociedad Rural y el temor a un nuevo costo para el productor
La Sociedad Rural Argentina también rechazó el proyecto en sus términos actuales.
Aunque reconoció la necesidad de mejorar la infraestructura portuaria y valoró los estudios técnicos impulsados por la Bolsa de Comercio de Rosario, la entidad sostuvo que una nueva tasa sobre el transporte terminará impactando sobre el precio que recibe el productor agropecuario.
El presidente de la entidad, Nicolás Pino, advirtió que “la producción no soporta una carga más” en un contexto de alta presión impositiva.
Ante las versiones sobre la creación de un fideicomiso para financiar el mantenimiento de las rutas que conectan con los puertos del Gran Rosario, la Sociedad Rural Argentina considera necesario expresar su posición.
— Sociedad Rural Argentina (@SociedadRural) May 5, 2026
En primer lugar, entendemos la importancia estratégica de…
La postura ruralista también introduce otra discusión de fondo: si obras de esta magnitud deberían financiarse con nuevos aportes específicos o mediante recursos ya existentes, como impuestos nacionales y provinciales. Para buena parte del sector, las retenciones y otros tributos deberían volver en infraestructura sin necesidad de sumar nuevos costos logísticos.
Exportadoras y Bolsa de Rosario: apoyo, pero con condiciones
Las entidades vinculadas al comercio exterior y la agroindustria muestran una posición menos confrontativa, aunque también con reparos.
La Bolsa de Comercio de Rosario participó de las mesas técnicas y evitó un rechazo frontal. En su comunicado, la entidad remarcó la necesidad histórica de mejorar la infraestructura logística y defendió la creación de espacios de diálogo entre el sector público y privado.
Sin embargo, también dejó planteada una condición clave: cualquier esquema de financiamiento debe guardar “estricta relación” con las obras y servicios efectivamente ejecutados. Además, insistió en que Nación también debería asumir responsabilidades en materia de infraestructura estratégica.
Ante las versiones sobre la creación de un fideicomiso para financiar el mantenimiento de las rutas que conectan con los puertos del Gran Rosario, la Sociedad Rural Argentina considera necesario expresar su posición.
— Sociedad Rural Argentina (@SociedadRural) May 5, 2026
En primer lugar, entendemos la importancia estratégica de…
En paralelo, la cámara aceitera y exportadora CIARA-CEC apoyó la idea general del fideicomiso y la administración mixta, pero cuestionó el monto propuesto.
El presidente de la entidad, Gustavo Idígoras, sostuvo durante un congreso sectorial que acompañan la necesidad de obras para agilizar accesos portuarios, aunque rechazó que la agroindustria deba afrontar un aporte de USD 1,50 por tonelada. En el sector exportador creen que todavía hay margen para negociar un esquema alternativo o reducir el costo previsto.
Los intendentes defienden el esquema
Del otro lado, los municipios del cordón portuario aparecen como uno de los principales respaldos políticos de la iniciativa.
Intendentes y jefes comunales sostienen que sus localidades enfrentan desde hace años un desgaste extraordinario de calles, servicios y accesos por el tránsito masivo de camiones durante las cosechas.
En ciudades como San Lorenzo, Puerto General San Martín o Timbúes, el impacto logístico atraviesa no solo la infraestructura vial sino también cuestiones ambientales, urbanas y de seguridad vial.
Para esos gobiernos locales, el nuevo esquema representa una posibilidad de obtener recursos estables para sostener servicios que hoy aseguran afrontar con estructuras desbordadas.
Una discusión que excede a Santa Fe
El proyecto todavía debe transformarse en ley y atravesar el debate legislativo santafesino, donde seguramente se profundizarán las tensiones sobre el alcance del fideicomiso, los mecanismos de control y la distribución de los recursos.
Pero incluso antes de ingresar formalmente a la Legislatura, la iniciativa ya se convirtió en un caso testigo de un debate más amplio: cómo financiar infraestructura estratégica en un contexto de retiro de la obra pública nacional y creciente rechazo del sector productivo a nuevas tasas o cargos específicos.
En el fondo, Santa Fe quedó parada en una zona incómoda entre dos necesidades difíciles de compatibilizar: la urgencia por modernizar la principal red logística agroexportadora del país y la resistencia cada vez mayor del agro a aceptar nuevos costos vinculados al transporte y la actividad productiva.
