ANDIS: A las causas actuales, se suman sobreprecios de 4.239% en la era Alberto Fernández

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) volvió a quedar en el centro de la escena judicial y política. Esta vez, por un informe del Ministerio de Salud que detectó sobreprecios de hasta 4.239% en compras de insumos ortopédicos realizadas durante el gobierno de Alberto Fernández, en medio de otro expediente que también complica a funcionarios de la gestión actual.

La auditoría oficial comparó facturas emitidas al Estado con valores de mercado y encontró diferencias “injustificables” en adquisiciones de andadores, sillas de ruedas y prótesis. Según la documentación incorporada a la investigación, las maniobras habrían beneficiado a un grupo reducido de empresas proveedoras vinculadas al programa Incluir Salud.

Empresas y exfuncionarios bajo sospecha

La causa, encabezada por el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello, avanza ahora con nuevas citaciones a empresarios y exfuncionarios ligados a las contrataciones observadas.

Uno de los primeros en declarar será Osmar Caballi, contador y exdirector general de ANDIS durante la gestión del Frente de Todos. Además, aparece como uno de los socios mayoritarios de Farma Salud, firma que habría obtenido contratos por alrededor de $7.900 millones.

También fueron convocados integrantes de la familia Sagués, propietarios de la ortopedia del mismo nombre, señalada junto a otras firmas como MED-EL, Ortopedia Alemana, New Farma y Profarma dentro del esquema investigado.

La hipótesis judicial sostiene que existía un sistema de contrataciones paralelas para prestaciones de alto costo (PACBI), donde las adjudicaciones terminaban concentradas en un pequeño núcleo de proveedores.

La otra causa que golpea al Gobierno actual

Sin embargo, el nuevo informe sobre sobreprecios detectados durante la gestión de Alberto Fernández aparece en un contexto especialmente sensible para el Gobierno de Javier Milei, ya que ANDIS también quedó envuelta en otra investigación que involucra a funcionarios de la actual administración.

En ese expediente, el extitular del organismo Diego Spagnuolo, el exfuncionario Daniel Garbellini y el lobbista Miguel Ángel Calvete fueron citados recientemente por la Justicia, aunque evitaron responder preguntas y optaron por presentar escritos o directamente guardar silencio.

Según la acusación impulsada por el fiscal Picardi, el esquema habría movido más de $75.000 millones mediante compulsas de precios presuntamente direccionadas entre empresas que simulaban competir, aunque las adjudicaciones ya estarían definidas de antemano.

La investigación también analiza posibles maniobras de lavado de dinero y movimientos financieros a través de intermediarios y criptomonedas. En allanamientos recientes, la Justicia secuestró cerca de 700.000 dólares en efectivo y documentación considerada clave para reconstruir el circuito económico de las operaciones bajo sospecha.

Un organismo bajo la lupa

La sucesión de expedientes convirtió a ANDIS en uno de los focos judiciales más delicados vinculados al manejo de fondos públicos destinados a personas con discapacidad y sectores vulnerables.

Mientras el Gobierno intenta mostrar que detectó irregularidades heredadas de la administración anterior, la causa paralela que involucra a exfuncionarios de la gestión libertaria mantiene al organismo bajo fuerte presión política y judicial.