Siembra de banquinas: buscan que el 100% del canon quede para los intendentes

La siembra en las banquinas y franjas adyacentes a las rutas provinciales de Buenos Aires podría pasar a tener un nuevo esquema de gestión si avanza un proyecto de ley presentado por del diputado peronista Alejandro Acerbo.

La iniciativa enviada ante la Legislatura bonaerense por el intendente de Daireaux en uso de licencia propone derogar la Ley 10.342, vigente desde 1985, para darle a los municipios “mayor autonomía” en el otorgamiento de permisos de siembra y establece que el 100% de lo recaudado queden bajo la administración de los gobiernos locales.

El proyecto ingresó el pasado 5 de mayo a la Cámara baja y plantea un cambio de lógica respecto al sistema actual, donde la Provincia conserva un rol central en la administración de esos espacios.

Según los fundamentos de la iniciativa, los municipios cuentan con mejores herramientas operativas para fiscalizar y administrar las banquinas debido a su cercanía territorial y conocimiento de las realidades locales.

En paralelo, la propuesta aparece en un contexto de fuerte presión sobre las cuentas de los distritos bonaerenses, especialmente en el interior, donde la caída de la coparticipación y las dificultades en la cobrabilidad de tasas ante la recesión económica redujeron los márgenes financieros para los intendentes. .

Más plazo y manejo local de los recursos

Uno de los principales cambios que introduce el proyecto es la extensión de los permisos de uso. La legislación actual autoriza concesiones por un año renovable, mientras que la nueva propuesta eleva ese plazo a tres años, también con posibilidad de renovación, para dar mayor previsibilidad a los productores.

Además, establece que la selección de los permisionarios deberá realizarse mediante procedimientos transparentes y competitivos, aunque da prioridad a propietarios o arrendatarios de campos linderos en caso de igualdad de ofertas.

Otro de los puntos centrales pasa por el destino de los fondos recaudados. Actualmente, la Ley 10.342 —modificada luego por la Ley 13.729— fija un reparto automático: 60% para los Consejos Escolares, 20% para Bomberos Voluntarios y 20% para el mantenimiento vial.

La iniciativa de Acerbo elimina esa distribución predeterminada y habilita a cada municipio a definir el destino de los recursos mediante ordenanzas locales. El único límite será que al menos un tercio de lo recaudado deberá destinarse al mantenimiento de caminos rurales y banquinas.

Seguridad vial y control provincial

El proyecto también redefine los usos permitidos sobre esos espacios. La propuesta limita los permisos exclusivamente a cultivos compatibles con las condiciones del lugar y prohíbe de manera expresa la cría o pastoreo de ganado.

A su vez, veta la instalación de alambrados, cercos o boyeros eléctricos que puedan afectar la seguridad vial o reducir la visibilidad en las rutas provinciales.

El diputado provincial Alejandro Acerbo 

Pese a la mayor autonomía municipal, la Provincia conservará facultades de supervisión. El texto establece que la autoridad provincial podrá convalidar, rechazar o revocar permisos por razones de seguridad vial o interés público.

Para evitar demoras administrativas, la iniciativa fija un plazo máximo de 90 días para que el gobierno bonaerense se expida. Si no hubiera respuesta en ese período, la autorización quedaría automáticamente convalidada.

Un debate que también se instaló a nivel nacional

La discusión sobre el uso productivo de las banquinas no se limita a Buenos Aires. En el ámbito nacional, la siembra en las banquinas de rutas federales permanece prohibida desde 2008, cuando Vialidad Nacional dictó una resolución en medio del conflicto entre el gobierno de Cristina Kirchner y el sector agropecuario por la Resolución 125.

Esa normativa nunca fue revertida y actualmente miles de hectáreas ubicadas junto a la Red Vial Nacional permanecen sin explotación productiva.

En ese marco, el diputado nacional del PRO Javier Sánchez Wrba presentó recientemente un proyecto para habilitar nuevamente la siembra en banquinas de rutas nacionales mediante permisos precarios y onerosos, con prioridad para frentistas y fondos destinados al mantenimiento vial.

En su iniciativa, Sánchez Wrba tomó como referencia precisamente la Ley 10.342 bonaerense, la misma normativa que ahora el peronismo busca modificar en la Legislatura provincial tras cuatro décadas de vigencia.