Perú 2026: Sánchez sacude la Constitución y Milei mira el cobre

Roberto Sánchez volvió a instalar la Constitución en el centro de la campaña peruana. El candidato presidencial de izquierda propone convocar una asamblea constituyente para reemplazar el texto de 1993, una bandera que combina malestar social, rechazo a la elite política y promesa de mayor intervención estatal. En una economía atravesada por minería, gas, inversión extranjera y necesidad permanente de divisas, la propuesta no se limita a un debate jurídico. Abre una discusión directa sobre contratos, propiedad, impuestos y reglas de largo plazo, justo cuando Perú necesita previsibilidad para sostener proyectos productivos, evitar otro ciclo de parálisis institucional y convencer a los inversores de que las reglas no cambiarán con cada elección.

El punto sensible es que Perú llega a 2026 con instituciones debilitadas, partidos fragmentados y un electorado que castiga a casi todo el sistema político. Sánchez busca ocupar el lugar del descontento que dejó el ciclo de Pedro Castillo y habla a regiones donde la promesa de redistribución todavía pesa más que la estabilidad macroeconómica. Su mensaje es simple: cambiar la Constitución para cambiar el modelo. Pero esa fórmula, presentada como reparación histórica, también puede convertirse en una fuente de incertidumbre para empresas, trabajadores, provincias mineras y familias que dependen de exportaciones, empleo formal y crédito accesible. En campaña, la épica constitucional suele sonar amplia; en la economía real, cada ambigüedad se paga.

Perú

El espejo chileno

El espejo regional más cercano es Chile, donde el intento de reemplazar la Constitución heredada de la era Pinochet abrió un ciclo de plebiscitos, convenciones, gasto público y polarización. La izquierda chilena empujó la idea de refundar reglas económicas y sociales, pero el proceso terminó con dos propuestas rechazadas y una sociedad agotada por años de discusión institucional. La advertencia para Perú es concreta: una Constitución puede prometer derechos amplios, pero si erosiona confianza, la inversión empieza a recalcular riesgos antes de que cambie una sola ley. Ese antecedente pesa porque mostró que la incertidumbre política también tiene costo fiscal, electoral y productivo.

Perú comparte con Chile un punto clave: la minería funciona como columna vertebral de divisas, empleo formal, infraestructura y recaudación. Por eso, cualquier discusión sobre contratos mineros, participación estatal, permisos ambientales o nuevos tributos golpea en el corazón del modelo productivo. Sánchez intenta presentarlo como soberanía económica, pero los antecedentes regionales muestran que el costo no aparece solo en balances empresariales. También llega al Estado, porque una menor inversión reduce actividad, posterga proyectos, enfría cadenas de proveedores y achica la base tributaria que financia programas sociales. La paradoja es conocida: cuanto más se promete gastar sin cuidar la fuente de ingresos, más presión aparece sobre déficit, inflación o deuda.

Roberto Sánchez propone nueva Constitución y reabre el debate económico peruano.

Impacto argentino

Para Argentina, el movimiento peruano tiene un doble efecto. Por un lado, una economía peruana más incierta puede afectar comercio regional, demanda de productos argentinos y expectativas sobre países andinos. Por otro, si Perú se vuelve menos previsible para capital minero, la Argentina de Javier Milei puede capturar parte de ese interés con cobre, litio y el régimen de incentivos a grandes inversiones. El contraste político es evidente: mientras Sánchez propone revisar el marco constitucional para ampliar la intervención estatal, Milei intenta vender estabilidad normativa, baja de impuestos futuros y apertura al capital como activos económicos. Esa diferencia puede pesar en directorios que comparan riesgo político antes de definir desembolsos de largo plazo.

Perú mira a Chile ante el costo político y fiscal de cambiar la Constitución en 2026 real.

El riesgo para Perú es repetir la trampa de otros proyectos de izquierda en América Latina: convertir una demanda social legítima en un rediseño institucional que encarece el crédito, enfría la inversión y aumenta la dependencia del gasto estatal. La oportunidad para Argentina, en cambio, está en demostrar que reglas claras también son política social cuando atraen empleo, obras, tecnología e ingreso de divisas. La disputa constitucional peruana no queda encerrada en Lima: puede mover capitales, precios y expectativas en toda la región, y por eso el resultado electoral importa más allá de Perú. Si Sánchez avanza, el debate no será solo quién gobierna, sino qué modelo ofrece menos costo para crecer.