La absurda pelea política que dejó a Brandsen sin un plan para caminos rurales

La tensión por el estado de los caminos rurales en la localidad bonaerense de Coronel Brandsen sumó un nuevo capítulo luego de que el intendente camporista Fernando Raitelli vetara la ordenanza que buscaba crear un consorcio público-privado para administrar y mejorar la red vial rural luego de cortocircuitos con la oposición.

Ante el bloqueo político y la falta de respuestas contra el deterioro de los caminos, los productores comenzaron a organizar una demanda judicial que les permita pagar únicamente por los servicios efectivamente prestados.

La norma que quedó trunca había sido impulsada por la Sociedad Rural de Brandsen.  Incluía un esquema mixto de gestión administrado por productores y controlado por el Estado municipal.

El modelo tomaba experiencias ya implementadas en otros distritos bonaerenses y apuntaba a destinar el conjunto de la recaudación vial al mantenimiento de los casi 600 kilómetros de caminos rurales del distrito

Sin embargo, para el tratamiento legislativo el Ejecutivo incorporó a la ordenanza la habilitación de una tosquera municipal. Según el Gobierno local, la explotación y venta de tosca a empresas privadas permitiría generar ingresos adicionales para sostener financieramente el sistema.

La oposición - encabezada por concejales de la UCR-  aprobó el consorcio, pero eliminó el artículo vinculado a la cantera, lo que derivó en el veto total del intendente bajo el argumento de que sin esos recursos el esquema resultaba inviable.

Un proyecto largamente trabajado que quedó en nada

El presidente de la entidad rural, Gustavo Lorenti, explicó a NewsDigitales que el proyecto había sido elaborado a partir de la experiencia de distintas comisiones viales rurales bonaerenses y aseguró que la intención era poner en marcha un sistema “ya probado en la eficiencia”.

“El análisis es muy simple porque las bases de esta ordenanza las puso la Sociedad Rural tomando todas las comisiones de caminos rurales que existen en la provincia de Buenos Aires”, señaló.

Según detalló, las negociaciones con el Ejecutivo comenzaron en agosto del año pasado, cuando un grupo de productores empezó a reclamar medidas más drásticas frente al deterioro de los caminos. “Nos pedían liderar una rebelión fiscal, pero nosotros no queríamos hacer algo ilegal”, recordó. A partir de allí, la entidad decidió apostar por una salida institucional y comenzó una mesa de trabajo con el municipio para avanzar en la creación del consorcio.

El estado actual de los caminos rurales en Brandsen 

Las conversaciones se extendieron durante más de seis meses. “Estuvimos desde agosto hasta febrero en tratativas hasta que finalmente la ordenanza se aprobó pero sin incluir a la tosquera”, explicó Lorenti. En paralelo, la presión interna dentro del sector rural crecía a medida que se conocían antecedentes judiciales favorables en otros municipios bonaerenses.

“Los productores veían que en otros partidos empezaba a haber acciones legales que hacían que el productor deje de pagar la tasa o pague realmente lo que se trabaja”, sostuvo.

El debate por la tosquera

La habilitación de la cantera terminó convirtiéndose en el punto de ruptura política. Aunque aclaró que la propuesta fue incorporada por el Ejecutivo, Lorenti reconoció que desde la Sociedad Rural no la observaban negativamente.

“La cantera hubiese sido espectacular porque permitiría levantar caminos que están 100% destrozados”, afirmó. Según explicó, la extracción lateral de tierra desde las zanjas implicaba riesgos ambientales y operativos que podían evitarse con una tosquera centralizada y controlada.

“Sabemos que tiene impacto ambiental y que hoy están prohibidas pero también iban a tener impacto ambiental menor que andar profundizando zanjas por todos lados para sacar tierra”, planteó.

Aun así, insistió en que el funcionamiento del consorcio no dependía de ese recurso adicional y que ya era viable con los fondos recaudados por el tributo.  El esquema financiero original contemplaba utilizar inicialmente la recaudación vial que se ubica en el 60% de cobrabilidad. La expectativa era un aumento en el corto plazo al 70% que sumado a los fondos provinciales específicos de la Ley 13.010 y los recursos provenientes de regularización de deuda permitirían financiar la primera etapa de los trabajos.

Con esos ingresos, según explicó, podían comenzar a operar de inmediato. “Calculábamos arrancar con dos máquinas alquiladas o tres a lo sumo. Era insuficiente, pero era algo. Hoy tenemos cero”, resumió.

Lorenti aseguró que durante el tiempo que demoró el tratamiento legislativo ya habían pedido presupuestos a empresas locales y diseñado un esquema básico de intervención sobre los caminos más críticos.

“Teníamos todo organizadito porque sabíamos más o menos cuál iba a ser la recaudación para la comisión de caminos”, dijo.

“Esto se resolvía hablando”

Para la entidad rural, el principal problema fue la incapacidad política para alcanzar un acuerdo intermedio. Gustavo Lorenti sostuvo que el conflicto podría haberse destrabado si oficialismo y oposición separaban el debate por la tosquera del funcionamiento inmediato del consorcio vial.

“Nosotros pedíamos que se junten y hablen. Sacaban las tosqueras y las discutían después, pero mientras tanto arrancábamos con los caminos”, afirmó.

Según describió, el veto llegó justo cuando las lluvias dejaron a numerosos accesos rurales prácticamente intransitables. Desde la Sociedad Rural hablan de calles convertidas en pantanos, huellas tapadas por el pasto y pozos “donde entra media camioneta”.

“Hoy tenemos una ventana de diez o quince días sin lluvia y algo podríamos haber hecho en las zonas urgentes”, lamentó.

El dirigente también cuestionó la escasa capacidad operativa del municipio. “Casualmente ahora me llamó el intendente para decirme que va a salir una máquina a trabajar, pero es una sola máquina para casi 600 kilómetros”, graficó.

El antecedente de Azul y Daireaux

El conflicto se da en un contexto de creciente litigiosidad en torno a las tasas viales bonaerenses. En distintos municipios productores rurales comenzaron a impulsar acciones judiciales bajo el argumento de que las comunas cobran tasas sin brindar una contraprestación efectiva en materia de mantenimiento de caminos.

Casos como los de Azul y Daireaux ya registraron fallos favorables o acuerdos que permitieron reducir pagos o discutir judicialmente el alcance de las tasas municipales. En varios distritos, entidades rurales y productores avanzaron además con medidas cautelares y reclamos administrativos apoyados por CARBAP.

En Brandsen, la Sociedad Rural ya comenzó a trabajar junto a un estudio jurídico recomendado por CARBAP para avanzar en una presentación colectiva. El objetivo inicial es reunir al menos un centenar de productores.

“La limitante para que esto salga es que los productores no participen. Necesitamos más de 100 para diluir el costo de la demanda”, explicó Lorenti.

La estrategia judicial apunta a que quienes adhieran puedan pagar únicamente por los trabajos efectivamente realizados sobre la red vial rural. “Lo que no se trabaja no se paga. Ese es el fundamento”, resumió.

La Sociedad Rural de Brandsen busca que los productores de sumen a la demanda colectiva 

Mientras tanto, el malestar dentro del sector sigue creciendo. “Los reclamos por los caminos nos llegan todos los días. Queremos que esas quejas salgan de la cocina y se hagan públicas”, concluyó el dirigente rural.