Discapacidad y transporte: escala la polémica por los subsidios

El diputado nacional de Unión por la Patria, Diego Giuliano, presentó un proyecto para dejar sin efecto la resolución de la Secretaría de Transporte que modificó el régimen de compensaciones económicas destinado a sostener los pasajes gratuitos para personas con discapacidad, personas trasplantadas y pacientes oncopediátricos en el transporte automotor de larga distancia.

La iniciativa también exhorta al Poder Ejecutivo Nacional a restablecer de manera inmediata los mecanismos necesarios para garantizar el acceso efectivo al derecho al transporte gratuito contemplado en las leyes vigentes.

“Estamos frente a una decisión profundamente injusta que afecta derechos fundamentales de sectores especialmente protegidos. No se puede sostener formalmente un derecho mientras se eliminan las herramientas concretas que permiten ejercerlo”, sostuvo Giuliano.

Eliminar el fondo de compensaciones para el transporte de personas con discapacidad no es una “motosierra” abstracta: son familias angustiadas, tratamientos en riesgo y chicos que pueden quedarse sin llegar a la escuela o a rehabilitación.

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— Diego Giuliano (@DiegoGiuliano) May 27, 2026

Qué resolvió el Gobierno

La medida cuestionada fue oficializada mediante la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, firmada por el secretario Mariano Plencovich, en el marco del esquema de desregulación impulsado por el Gobierno nacional.

La normativa elimina el régimen mediante el cual el Estado compensaba económicamente a las empresas de colectivos de larga distancia por los boletos gratuitos otorgados a personas con discapacidad, personas trasplantadas y niños y adolescentes con cáncer.

Según argumentó la administración nacional, la desregulación del sector y la libertad tarifaria implementada desde 2024 modificaron las condiciones del mercado, permitiendo que las empresas absorban esos costos dentro de su estructura comercial.

El foco de la polémica

Aunque el Gobierno aclaró que el derecho a viajar gratuitamente continúa vigente y que las empresas seguirán obligadas a emitir pasajes, desde distintos sectores advierten que la eliminación de subsidios podría afectar en la práctica el acceso al beneficio.

En los fundamentos del proyecto, Giuliano sostuvo que el transporte gratuito “no constituye un privilegio”, sino una herramienta esencial para garantizar inclusión, accesibilidad y continuidad de tratamientos médicos, rehabilitación, educación y trabajo.

Además, remarcó el impacto federal de la decisión y alertó sobre las dificultades que podrían enfrentar miles de personas del interior del país que dependen de los viajes de larga distancia para acceder a prestaciones médicas de alta complejidad.

“El impacto de esta medida profundiza desigualdades territoriales y pone en riesgo el acceso efectivo a la salud”, afirmó el legislador.

Control y dudas sobre el sistema

La resolución también encomienda a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte continuar fiscalizando el cumplimiento de la entrega de pasajes gratuitos por parte de las empresas.

Sin embargo, el proyecto opositor pone el foco en la sustentabilidad del sistema sin asistencia estatal y abre un nuevo frente de conflicto político alrededor de las políticas de discapacidad y salud impulsadas por el Gobierno nacional.