Panamá endurece reglas fiscales y Argentina mira el costo de competir

Panamá acaba de mover una pieza incómoda en el tablero fiscal de América Latina. El país, conocido durante años por su régimen favorable a sociedades y sedes corporativas, aprobó una ley que obliga a determinadas multinacionales a demostrar actividad económica real dentro de su territorio. Si no lo hacen, deberán pagar un impuesto del 15% sobre la renta pasiva extranjera neta. La medida empezará a regir desde el año fiscal 2027 y busca responder a la presión internacional sobre jurisdicciones consideradas de riesgo tributario.

El dato importa para la Argentina porque la competencia regional por atraer empresas ya no depende solo de quién cobra menos impuestos. También pesa la reputación fiscal, el acceso a mercados, el costo de cumplimiento y la previsibilidad normativa. Mientras Panamá endurece controles para mejorar su posición ante organismos y bloques externos, el gobierno de Javier Milei intenta vender al país como plataforma para grandes inversiones mediante estabilidad fiscal, incentivos y desregulación. La pregunta de fondo es qué regla seduce más al capital: menos carga inicial o menor riesgo de quedar bajo sospecha internacional.

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Tres modelos en disputa

Panamá eligió un camino de corrección reputacional. La exigencia de “sustancia económica” apunta a separar empresas con presencia real de estructuras creadas solo para mover renta, dividendos, intereses o regalías sin actividad productiva proporcional. Para las multinacionales, eso cambia el cálculo: no alcanza con una dirección formal, un vehículo societario o una ventaja fiscal aislada. Hace falta personal, gestión, decisiones y operaciones verificables. En una economía global más vigilada, esa diferencia puede definir el acceso a bancos, financiamiento y socios comerciales.

Uruguay ofrece el espejo más cercano porque sus zonas francas siguen siendo una herramienta fuerte para atraer servicios, logística, tecnología y sedes regionales. Allí el atractivo está en la exoneración de impuestos nacionales bajo condiciones específicas de actividad. Argentina, en cambio, apuesta al RIGI para proyectos grandes, con reducción de Ganancias, estabilidad fiscal y beneficios aduaneros y cambiarios. Son tres modelos distintos: Panamá prioriza salir del radar fiscal, Uruguay conserva incentivos territoriales y Argentina intenta compensar años de incertidumbre con promesas de estabilidad a largo plazo.

Panamá recibe a María Corina Machado y refuerza la presión internacional sobre Venezuela.

La señal para Argentina

Para una empresa que mira la región, la comparación ya no es Panamá contra Uruguay o Argentina contra sus vecinos. El mapa se ordena por riesgo total: impuestos, inflación, controles, reputación, acceso a dólares, litigios y costo político. Ahí aparece el punto argentino. El RIGI puede mejorar la ecuación de proyectos energéticos, mineros o industriales, pero compite con países que ofrecen reglas más probadas o plataformas logísticas consolidadas. El desafío no es solo anunciar beneficios, sino convertirlos en confianza medible para el inversor y en menor costo para el contribuyente.

La nueva ley exige actividad real y contrasta con Uruguay y el RIGI argentino regional.

La ley panameña deja una advertencia regional: los regímenes fiscales que atraen capital también pueden volverse vulnerables si quedan asociados a baja transparencia. Para la Argentina, el margen está en combinar incentivos con institucionalidad, porque un beneficio tributario sin estabilidad macroeconómica pierde valor frente a destinos más previsibles. El cierre político es económico: si América Latina compite por los mismos dólares corporativos, ganará quien logre ordenar impuestos, reputación y reglas sin trasladar el costo final a inflación, déficit o presión sobre empresas formales.