Fuerte polémica por femicidios y cómo se mide la violencia de género

El colectivo Ni Una Menos volvió a confrontar con el Gobierno nacional a partir del femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, y denunció que existe un "subregistro" de femicidios como consecuencia de cambios en la forma en que el Estado releva y analiza estos crímenes.

Las críticas fueron planteadas por la socióloga Lucía Cavallero, una de las referentes del movimiento, quien sostuvo que la administración de Javier Milei impulsa una mirada que diluye la especificidad de la violencia de género y modifica la manera de contabilizar los asesinatos de mujeres.

La discusión por las cifras

Según explicó Cavallero, el problema no pasa únicamente por la cantidad de casos registrados, sino por la forma en que son interpretados desde el Estado.

"Dijeron que no eran femicidios sino homicidios de mujeres. Eso implica una torsión cognitiva sobre el modo de leer esa violencia que desestructura un acumulado político de mucho tiempo", afirmó.

La referente aseguró que existe una "intencionalidad política" detrás de ese cambio conceptual y cuestionó que se destaque una reducción en los homicidios de mujeres mientras organizaciones sociales denunciaban el asesinato de Agostina Vega como un caso de extrema violencia de género.

En ese sentido, sostuvo que los femicidios constituyen un fenómeno estructural cuya incidencia suele mantenerse relativamente estable a lo largo del tiempo y advirtió que podrían existir casos que no estén siendo incorporados bajo esa categoría.

El impacto del caso Agostina

Las declaraciones se produjeron pocos días después de que el asesinato de la adolescente cordobesa volviera a poner en el centro del debate la respuesta estatal frente a situaciones de violencia.

Desde Ni Una Menos señalaron que el caso expuso falencias institucionales y cuestionaron el accionar de la Justicia durante la búsqueda de la joven.

Durante una conferencia de prensa, Cavallero sostuvo que existe una "desidia organizada desde el Estado" y vinculó esa situación con el desmantelamiento de políticas públicas orientadas a prevenir y abordar la violencia de género.

Además, consideró que las condiciones sociales de la víctima influyeron en la respuesta institucional y cuestionó que parte de la discusión pública haya vuelto a centrarse sobre la propia adolescente.

La disputa por el enfoque

Para las referentes del colectivo, el debate excede las estadísticas y se relaciona con la concepción que el Gobierno tiene sobre la violencia de género.

Según plantearon, la gestión libertaria sostiene que la violencia debe analizarse sin distinciones de género, mientras que los movimientos feministas consideran que esa perspectiva invisibiliza factores específicos que explican los femicidios y otras formas de violencia contra mujeres y diversidades.

La discusión volvió a cobrar fuerza tras el caso Agostina Vega y promete mantenerse en el centro de la agenda pública mientras continúan los cuestionamientos cruzados sobre las políticas de género y los mecanismos de registro de estos delitos.