Perú llega al balotaje presidencial con una elección ajustada y una discusión que excede el cierre de campaña. Keiko Fujimori apeló a la reconciliación nacional y Roberto Sánchez prometió terminar con el caos, pero la disputa central pasa por quién fija las reglas económicas del próximo ciclo. El país vota después de años de inestabilidad política y con una agenda atravesada por seguridad, minería, inversión privada y reforma institucional. Para la Argentina, el punto no es solo quién gobierna Lima, sino qué modelo ofrece Sudamérica a los capitales que buscan cobre, oro, litio, energía e infraestructura.
La segunda vuelta enfrenta dos diagnósticos distintos sobre el Estado. Fujimori intenta presentarse como garantía de orden, previsibilidad y vínculo más fluido con Estados Unidos, mientras Sánchez propone una reforma constitucional, mayor peso regulatorio y una agenda social con más intervención. La diferencia importa porque Perú no es un mercado lateral: es una economía minera de peso regional, con proyectos por miles de millones de dólares y un debate abierto sobre la formalización del oro. Cuando una elección define reglas mineras, también define divisas, recaudación y costo fiscal futuro.
El eje minero pesa porque Perú combina recursos estratégicos con una economía informal difícil de ordenar. Se señaló que el esquema REINFO involucra a unos 500.000 pequeños mineros auríferos y que hay cerca de USD 63.000 millones en proyectos mineros bajo observación del próximo gobierno. Ese número convierte al balotaje en una votación sobre permisos, controles, inversión y capacidad estatal. Si la formalización avanza sin romper producción, el Estado puede captar más recaudación; si se transforma en bloqueo o incertidumbre, el costo aparece en menos divisas y más presión sobre el contribuyente.
El espejo regional más cercano es Ecuador, donde Daniel Noboa convirtió la seguridad en una discusión económica: control territorial, relación con organismos de crédito, inversión y disciplina fiscal. Perú suma una capa adicional, porque el crimen, la informalidad minera y las reglas ambientales se cruzan con exportaciones de alto valor. En ambos casos, la pregunta es parecida: cuánto gasto puede asumir el Estado sin cargar más impuestos sobre empresas formales y familias. La seguridad dejó de ser solo una promesa policial; ahora también mide logística, seguros, inversión y empleo.

Argentina observa la elección peruana desde una posición competitiva. Buenos Aires formalizó su intención de ingresar al CPTPP, un bloque transpacífico en el que Perú ya participa, y al mismo tiempo busca venderse como destino para litio, cobre, energía e infraestructura. Si Perú ofrece reglas claras, puede captar antes capital minero regional; si el próximo gobierno aumenta la incertidumbre regulatoria, Argentina podría tener una ventana para disputar inversiones. Pero esa ventaja no se activa por contraste político: depende de impuestos, estabilidad cambiaria, logística y coordinación entre Nación y provincias.

El cierre del balotaje peruano deja una lectura concreta para el tablero argentino. Un triunfo de Fujimori reforzaría la línea de apertura, mercado y alineamiento con Estados Unidos en el Pacífico sudamericano; una victoria de Sánchez pondría el foco en reforma constitucional, salario mínimo y mayor intervención sobre sectores estratégicos. En cualquiera de los dos casos, Perú obliga a mirar una cuestión incómoda: los recursos críticos no alcanzan si el costo fiscal, la inseguridad y la incertidumbre regulatoria encarecen cada dólar de inversión.