Ayer, en reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Industria y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, la Cámara de Diputados logró dictaminar el proyecto de Ley propuesto por el Poder Ejecutivo denominado “Súper RIGI”.
La rapidez de su tratamiento contrasta con otro proyecto que esperan las organizaciones que nuclean a pequeñas y medianas empresas: la declaración de la emergencia pyme.
Los datos explican la necesidad: más de 9 de cada 10 empresas que cerraron desde la asunción de Javier Milei tenían hasta 5 trabajadores. El 98% reunía hasta 25 empleados.
Desde la asunción de Milei hasta marzo de 2026, se dieron de baja 26.448 empresas registradas como empleadores, según datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT).

El dato refleja una tendencia persistente: en promedio, 31 empresas por día dejaron de operar como empleadoras durante la actual gestión. Hace 18 meses consecutivos que se reduce mes a mes el número de empresas.
Así, la cantidad de empresas se redujo un 5,2% en poco más de dos años.
Si clasificamos a las empresas por cantidad de trabajadores, todas las categorías se vieron afectadas, siendo las micro las grandes perdedoras:
Las empresas de hasta 5 trabajadores fueron las más perjudicadas por el modelo económico de Milei, principalmente porque tienen menos espalda financiera para atravesar la crisis. No se trata de un grupo más: constituye el 71% de las empresas registradas en SRT como empleadores.

El proyecto tendría una duración de un año y alcanzaría a micro, pequeñas y medianas empresas hasta el tramo 1.
Entre los principales beneficios contempla:
* Reducción del 50% en las tarifas de electricidad, gas y agua.
* Moratoria especial para deudas impositivas, previsionales y aduaneras con quita de intereses y multas.
* Rebaja del 50% en los aportes patronales.
* Devolución del IVA a consumidores para incentivar las ventas.
* Creación de una cuenta tributaria única para compensar créditos y deudas fiscales.
* Exención del impuesto a los débitos y créditos bancarios.
* Pago acelerado a proveedores PyME del Estado.
* Líneas de financiamiento con tasas especiales.
* Beneficios fiscales para operaciones de comercio exterior.
* Suspensión de embargos y ejecuciones fiscales.
* Compromiso de las empresas beneficiadas de no reducir su plantilla de trabajadores.
La presentación se da en un contexto en el que distintos sectores industriales vienen advirtiendo sobre caída de ventas, aumento de costos, menor utilización de la capacidad instalada y dificultades para sostener el empleo.