A horas de votar, la nueva investigación sobre Uribe enciende la tensión política

Álvaro Uribe vuelve a quedar en el centro de la política colombiana por una investigación que llega en el momento más sensible del calendario electoral. La Fiscalía abrió una nueva causa contra el expresidente por presuntos vínculos con la creación de un grupo paramilitar, las masacres de El Aro y La Granja, y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle. Uribe rechazó las acusaciones, sostuvo que se trata de una persecución política y apuntó contra la oportunidad de una decisión que aparece a pocos días de la segunda vuelta presidencial.

El dato político es imposible de separar del expediente. Colombia está por definir un balotaje entre Iván Cepeda, figura de izquierda y adversario histórico de Uribe, y Abelardo de la Espriella, candidato de derecha cercano al uribismo. Que una causa de enorme carga simbólica avance justo en esa recta final instala una sospecha razonable sobre el uso electoral de la justicia. La investigación debe seguir los cauces legales, pero también debe ser leída dentro de un clima donde los tribunales se han convertido en una extensión de la disputa por el poder.
 

El peso de una figura decisiva

Uribe no es un dirigente más en Colombia. Su presidencia marcó un giro profundo en la política de seguridad del país, debilitó a las FARC, recuperó presencia estatal en territorios dominados por grupos armados y construyó una base social que todavía pesa en la derecha colombiana. Para sus votantes, su legado está asociado con orden, autoridad y defensa del Estado frente al avance de organizaciones ilegales que durante años condicionaron la vida nacional.

Por eso, cada ofensiva judicial contra Uribe tiene un efecto que excede al expresidente. No solo apunta a revisar hechos del pasado, sino que también busca impactar sobre el presente político de la derecha. Las denuncias sobre paramilitarismo deben investigarse con seriedad, pero no pueden convertirse en una herramienta para deslegitimar a todo un sector político ni para condicionar la voluntad de los votantes antes de una elección decisiva.

Uribe denuncia persecución mientras la Fiscalía reabre causas antes del balotaje.

Justicia sin cálculo electoral

El problema no es que Uribe sea investigado. En una democracia, ningún dirigente debe estar por encima de la ley. El problema es que la justicia pierde credibilidad cuando sus tiempos parecen sincronizados con la coyuntura electoral. Si las instituciones quieren esclarecer hechos graves, necesitan actuar con independencia, pruebas sólidas y distancia de la campaña, no bajo una atmósfera donde cada decisión judicial puede alterar la competencia política.

La nueva causa contra Uribe golpea a la derecha en plena elección colombiana.

Uribe tiene derecho a defenderse, a la presunción de inocencia y a un proceso sin sesgo partidario. Colombia también tiene derecho a conocer la verdad sobre su pasado violento. Pero esa verdad no puede construirse con filtraciones, cálculo electoral ni linchamiento político. La democracia colombiana necesita justicia, no revancha; memoria, no manipulación; y elecciones decididas por los ciudadanos, no por expedientes activados en la víspera del voto.