Tasa vial: con municipios en juicio, apuntan a fondos que se queda Nación

La creciente judicialización de las tasas viales en la provincia de Buenos Aires abrió una nueva discusión sobre el financiamiento de los caminos rurales. Mientras productores agropecuarios avanzan en reclamos y demandas judiciales para exigir información contable sobre el uso de los fondos y contraprestaciones efectivas, una iniciativa presentada en el Senado bonaerense propone correr el foco hacia otro actor: el Estado nacional.

La autora del proyecto es la senadora provincial Inés Laurini (Fuerza Patria), representante de Azul, uno de los distritos donde el debate por las tasas rurales tuvo mayor intensidad en los últimos años. La legisladora presentó una iniciativa para que el Congreso de la Nación impulse el estudio y eventual implementación de mecanismos de distribución federal de recursos destinados específicamente al mantenimiento, conservación y mejoramiento de los caminos rurales.

"Nosotros presentamos un proyecto de declaración en el que le estamos pidiendo al Congreso Nacional que aborde un debate serio acerca de la federalización de recursos para todo el entramado vial rural", explicó Laurini a News Digitales.

Según la senadora, la discusión sobre el estado de los caminos rurales no puede analizarse únicamente desde la óptica municipal. "De alguna manera el proyecto es también un análisis sobre cómo funciona el esquema de recaudación tributaria en la Argentina y cómo fue evolucionando el sistema de descentralización de responsabilidades sin la descentralización de los recursos", sostuvo.

Del conflicto judicial al debate por los recursos

El planteo aparece en un contexto marcado por una creciente conflictividad judicial. En los últimos años se multiplicaron los reclamos de productores rurales en municipios como Azul, Daireaux, Carlos Casares, Necochea, Baradero, Hipólito Yrigoyen y General Alvarado, entre otros distritos bonaerenses.

En la mayoría de los casos, los productores no cuestionan la existencia de la tasa vial sino la falta de contraprestación efectiva, la calidad del servicio o el eventual desvío de fondos hacia otros destinos ajenos al mantenimiento de los caminos rurales.

Los fallos obtenidos en distintos juzgados y tribunales pusieron bajo análisis la obligación de los municipios de acreditar la prestación efectiva del servicio y transparentar el destino de los recursos recaudados.

Sin embargo, Laurini consideró que la discusión pública se concentró casi exclusivamente en el último eslabón de la cadena tributaria.

"Cuando los productores rurales te plantean que ya pagan un montón de tasas e impuestos, no deja de ser cierto. Pero cuando analizás la estructura tributaria aparece que el gran peso está en los impuestos que administra el Estado nacional, muchos de los cuales no se coparticipan", afirmó.

La legisladora citó estudios de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), que estiman que más del 90% de la carga tributaria sobre la producción agropecuaria corresponde a Nación, un 7% por la provincia de Buenos Aires mientras que el peso de las tasas municipales ronda apenas el 1,1%.

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— Fundación FADA (@FundacionFada) June 16, 2026

"Sin embargo, los reclamos siempre van hacia el nivel del Estado más próximo, que es el Estado municipal", señaló.

Laurini también advirtió que las controversias en torno a las tasas municipales se desarrollan en un escenario jurídico complejo. Según explicó, existen diferencias de criterio entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Suprema Corte bonaerense e incluso algunas interpretaciones de la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM).

Mientras el máximo tribunal nacional ha sostenido en distintos fallos que las tasas requieren una contraprestación efectiva, concreta y cuantificable, la justicia bonaerense ha mostrado una mirada más amplia sobre los servicios como salud, educación que pueden brindar los municipios y la forma en que se financian. "Hay cierta contradicción entre las distintas interpretaciones sobre la naturaleza jurídica de las tasas y eso también forma parte de un debate que todavía está abierto", señaló la legisladora.

Los impuestos que recauda Nación

Al explicar el origen de su iniciativa, Laurini puso el foco en la estructura tributaria que grava a la producción agropecuaria. Según señaló, gran parte de los recursos que genera el sector terminan en las arcas nacionales a través de distintos tributos, mientras que los municipios quedan al final de la cadena recaudatoria.

La senadora provincial María Inés Laurini 

Entre los principales impuestos y gravámenes nacionales vinculados a la actividad económica figuran los derechos de exportación (retenciones), el Impuesto a las Ganancias, el IVA, el impuesto sobre los créditos y débitos bancarios, los impuestos a los combustibles, los aportes y contribuciones a la seguridad social, los derechos de importación y distintas tasas aduaneras.

"Estamos planteando al Congreso Nacional que aborde un debate serio, un debate honesto, pero con una mirada técnica acerca de cuál sería el impuesto nacional que debe volver de alguna manera a los territorios que generan ese tributo", sostuvo.

La senadora aclaró que el proyecto no propone afectar un tributo específico ni avanzar sobre competencias que corresponden al Congreso. "Nosotros no avanzamos acerca de cuál sería el impuesto más adecuado para generar este mecanismo de descentralización porque hay cuestiones presupuestarias y técnicas que corresponden al nivel nacional", explicó.

Un problema que atraviesa a todos los municipios

Uno de los argumentos centrales del proyecto es que los conflictos vinculados a la tasa vial ya no pueden explicarse por situaciones puntuales o por el signo político de una gestión.

Los fundamentos de la iniciativa enumeran una larga lista de municipios bonaerenses donde hubo reclamos administrativos, pedidos de acceso a la información pública, acciones judiciales o controversias institucionales relacionadas con el financiamiento de los caminos rurales.

Entre ellos aparecen Azul, Carlos Casares, Daireaux, Baradero, Necochea, General Alvarado, Hipólito Yrigoyen, Chivilcoy, Bolívar, Lincoln, Coronel Dorrego, Puan, Tornquist y Coronel Pringles

"Cuando uno analiza el listado de distritos que han tenido conflictos de este tipo y observa el origen político de los intendentes, ve que es una postura que se ha generalizado y que no mira demasiado el color político de la gestión municipal", afirmó Laurini.

Para la legisladora, esa situación demuestra que existe una problemática estructural que excede las particularidades de cada distrito y obliga a discutir nuevas herramientas de financiamiento.

"Nosotros estamos planteando una descentralización de recursos, no una descentralización desde el punto de vista técnico de los trabajos. La responsabilidad puede seguir siendo local, pero tenemos que discutir cómo se financia", remarcó.

Los antecedentes que rescata el proyecto

La iniciativa no propone modificar tributos existentes ni crear nuevos impuestos. Tampoco avanza sobre qué recurso nacional debería utilizarse para financiar la infraestructura rural.

En cambio, recupera antecedentes históricos de participación nacional en el financiamiento de caminos productivos. Entre ellos menciona el Plan de Caminos de Fomento Agrícola impulsado en 1956, el Fondo Federal Solidario o Fondo Federal de la Soja impulsado por Máximo Kirchner  —que distribuía parte de los recursos provenientes de las retenciones a la soja entre provincias y municipios— y programas nacionales más recientes destinados al mejoramiento de infraestructura vial rural.

Pozo en la  Ruta 5  a la altura de 9 de Julio

Según los fundamentos del proyecto, estas experiencias demuestran que la participación de la Nación en el sostenimiento de infraestructura productiva estratégica forma parte de la tradición institucional argentina y resulta compatible con el régimen federal.

"Lo que planteamos es abrir una discusión acerca de la relación existente entre los recursos que genera la actividad agropecuaria para los distintos niveles del Estado y las inversiones que retornan a los territorios productivos", explicó la senadora.

Del Senado bonaerense al territorio y al Congreso

Laurini adelantó que la intención es darle al proyecto un recorrido territorial antes de buscar apoyos en el ámbito nacional.

"Nos proponemos darle un trabajo bastante territorial. Hemos pedido que se aborde en los concejos deliberantes y después buscar una articulación con representantes de nuestro bloque a nivel nacional", indicó.

Mientras continúan los litigios por las tasas viales y los municipios enfrentan crecientes exigencias judiciales para justificar el uso de esos recursos, la iniciativa busca instalar una discusión más amplia: qué proporción de los recursos que genera el agro vuelve efectivamente a los territorios donde se produce y qué herramientas podrían implementarse para fortalecer el financiamiento de una infraestructura clave para la producción, la educación, la salud y la conectividad rural.