El Gobierno nacional oficializó este jueves el nombramiento de más de 50 jueces, fiscales, defensores públicos y conjueces que habían recibido acuerdo del Senado durante la extensa sesión del pasado 4 de junio. Sin embargo, la decisión volvió a dejar al descubierto la disputa entre la Casa Rosada y la Cámara alta: el Poder Ejecutivo excluyó de los decretos a María Verónica Michelli, cuyo pliego había sido aprobado por los senadores pese a la expresa negativa del presidente Javier Milei.
La nueva tanda de designaciones fue publicada en el Boletín Oficial mediante una serie de decretos firmados por el Presidente y representa el mayor paquete de nombramientos judiciales concretado desde aquella sesión parlamentaria, en la que el Senado aprobó 74 pliegos tras una negociación que se extendió durante varias horas.
La excepción fue Michelli. Aunque su candidatura obtuvo el aval de la Cámara alta luego de que los legisladores incorporaran su tratamiento durante la sesión, el Ejecutivo ya había anticipado que no firmaría el decreto correspondiente por considerar que su inclusión desconoció la voluntad del Presidente.
La decisión mantiene abierto un nuevo foco de tensión institucional entre el Gobierno y el Senado respecto del mecanismo de designación de magistrados.

Las designaciones abarcan juzgados nacionales, cámaras de apelaciones, tribunales orales federales y organismos del Ministerio Público en la Ciudad de Buenos Aires y en numerosas provincias.
En el fuero civil fueron nombrados ocho jueces de primera instancia y cuatro camaristas para distintas salas de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.
En materia penal también se cubrieron numerosos cargos. Se designaron nuevos integrantes de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, jueces para distintos Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal y magistrados para varios juzgados nacionales.
En el ámbito federal, los decretos alcanzaron tribunales orales y cámaras de apelaciones de San Martín, La Plata, Mendoza, Salta, Neuquén, Formosa y Bariloche, entre otras jurisdicciones.
Además, el Gobierno oficializó nombramientos en los fueros comercial, penal económico y de la seguridad social, junto con la designación de cuatro conjueces para los juzgados nacionales de familia y capacidad de las personas.
También se completaron cargos dentro del Ministerio Público de la Defensa, con nuevos defensores públicos, curadores y representantes de víctimas en distintas jurisdicciones del país.

El tratamiento incluyó, además de los 73 expedientes originalmente previstos, el de María Verónica Michelli, cuya incorporación fue impulsada por los senadores pese al rechazo manifestado previamente por el Poder Ejecutivo.
Con la publicación de los decretos, el Gobierno completó la formalización de la mayoría de esos nombramientos, aunque mantuvo sin ejecutar el correspondiente a Michelli, consolidando así una de las principales diferencias que dejó aquella sesión parlamentaria.