El juicio terminó, ¿y ahora quién asume el debate por los agroquímicos?

Durante siete años, el conflicto por las fumigaciones con agroquímicos en Pergamino pareció tener un único escenario posible: los tribunales. Allí llegaron vecinos que denunciaban daños en su salud, productores acusados de contaminar el ambiente y funcionarios municipales señalados por no controlar. Sin embargo, el histórico juicio oral terminó dejando una conclusión que trasciende las absoluciones y las condenas: la solución de fondo no puede salir de un expediente judicial.

Es, probablemente, el mensaje político más fuerte de una sentencia que, paradójicamente, fue dictada por un tribunal penal.

Mientras absolvió a los productores rurales por falta de pruebas suficientes para una condena y responsabilizó a dos exfuncionarios municipales por incumplimiento de sus deberes, el Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario hizo algo más: les devolvió el problema a los poderes políticos.

"No somos legisladores", advirtió el presidente del tribunal, Román Lanzón antes de pronunciar la sentencia. Y agregó otra frase que resume buena parte del espíritu del fallo: "Un juez penal no es un superhéroe que está acá para satisfacer los deseos de la sociedad de alcanzar algo más justo; está para hacer cumplir el derecho y la ley" advirtió.

No fue una aclaración menor. Fue una forma de marcar los límites de la Justicia y, al mismo tiempo, señalar un vacío que durante años nadie terminó de ocupar.

La política pública en el centro de la escena

Hasta ahora, buena parte del debate público quedó atrapado en una lógica binaria: productores versus ambientalistas.

El fallo rompe, al menos parcialmente, con esa mirada.

Porque el tribunal no negó que existieran daños. Al contrario. Consideró probado que la exposición a agroquímicos provocó afecciones en vecinos de Pergamino y sostuvo que esos padecimientos disminuyeron después de que la Justicia Federal de San Nicolás dictara la medida cautelar que restringió las fumigaciones.

Pero tampoco encontró pruebas suficientes para atribuir responsabilidades penales a los productores juzgados.

Entonces, ¿dónde puso el foco? En la política.

Juicio por agroquímicos: productores absueltos y exfuncionarios condenados

Los únicos condenados fueron dos exfuncionarios municipales. Y los fundamentos fueron incluso más allá. Hablaron de un "control aparente" sobre las fumigaciones y concluyeron que "la ineficacia de los controles estatales fue lo que produjo los resultados dañosos para la salud de las personas".

No es casual que el tribunal también haya ordenado remitir la sentencia al Ministerio Público Fiscal para que investigue el accionar del intendente Javier Martínez y de otros funcionarios que pudieron haber tenido responsabilidades dentro del esquema de control.

Una cautelar que terminó haciendo de política pública

Hay otra paradoja que deja este juicio.

La principal regulación vigente sobre fumigaciones en Pergamino no nació de una ley ni de una ordenanza. Nació de una medida cautelar.

Por definición, una cautelar es una herramienta provisoria. Su objetivo es evitar un daño mientras se resuelve un conflicto judicial. No fue pensada para convertirse en una política pública permanente.

Sin embargo, hace casi siete años que las aplicaciones terrestres están restringidas a menos de 1.095 metros y las aéreas a menos de 3.000 metros de las zonas urbanas por una decisión judicial (la ordenanza municipal era mucho más permisiva)

El propio tribunal reconoció que, según los testimonios incorporados durante el juicio, esa medida coincidió con una disminución de los problemas de salud denunciados por los vecinos.

Pero, al mismo tiempo, rechazó convertir esa restricción en una solución definitiva. ¿Por qué? Porque entiende que un juez puede adoptar medidas preventivas, pero no reemplazar indefinidamente las decisiones que corresponden a quienes gobiernan.

Pero la discusión no se agota en la protección de la salud. La restricción de 1.095 metros para las aplicaciones terrestres y de 3.000 para las aéreas también tuvo un fuerte impacto sobre la actividad agropecuaria en uno de los principales partidos agrícolas de la provincia.

Desde el sector productivo sostienen desde hace años que esas distancias condicionan la utilización de amplias superficies rurales y afectan la rentabilidad de numerosos establecimientos. Allí aparece otro de los interrogantes que deja el fallo: ¿es posible construir un marco regulatorio que proteja la salud sin resignar capacidad productiva? Para el tribunal, esa respuesta tampoco puede salir de una sentencia.

¿Quién tiene que legislar?

Ahí aparece una discusión que excede ampliamente a Pergamino.

¿Debe existir una ley nacional que unifique criterios sobre el uso de fitosanitarios?

¿Corresponde que la regulación sea provincial?

¿O cada municipio debe seguir fijando sus propias distancias de aplicación mediante ordenanzas?

Son preguntas que distintos dirigentes ya comenzaron a responder desde miradas diferentes. El diputado bonaerense de la Coalición Cívica, Luciano Bugallo, pide una nueva ley provincial que brinde previsibilidad y evite que la discusión se resuelva caso por caso en los tribunales. En una línea similar, la diputada Silvina Vaccarezza insistió en la necesidad de avanzar con un marco regulatorio específico para la actividad. Desde el otro lado, el intendente de Pergamino, Javier Martínez, también planteó que la discusión requiere reglas claras y consensos que unifiquen criterios a nivel nacional a través del Congreso.

La falta de una respuesta clara generó durante años un mapa fragmentado, con normas diferentes según el distrito y múltiples conflictos judiciales para resolver lo que la política no logró consensuar.

Más allá de las diferencias sobre el alcance de una futura regulación, el propio fallo parece dejar una coincidencia de fondo: las respuestas estructurales ya no pueden depender exclusivamente de la Justicia. El desafío pasa ahora por construir una política pública capaz de equilibrar producción, ambiente y salud.

El propio Lanzón dejó planteada una salida posible al señalar que estas discusiones deberían darse en una mesa de diálogo s donde participen los poderes ejecutivos, legislativos, especialistas, productores, organizaciones ambientales y la sociedad civil.

Es decir, en el terreno de la política y no exclusivamente en los tribunales.

Lo que deja el juicio

El proceso judicial todavía no terminó. Habrá apelaciones, la sentencia será revisada por instancias superiores y la medida cautelar continuará vigente mientras el fallo no quede firme.

Pero más allá de ese recorrido judicial, el juicio dejó una interpelación difícil de esquivar.

Durante años, la Justicia fue llamada a resolver un conflicto que mezclaba producción, ambiente, salud pública y desarrollo económico. El tribunal terminó respondiendo que podía determinar responsabilidades penales, dictar medidas preventivas y controlar la legalidad de los actos. Pero también dejó claro que ninguna sentencia puede reemplazar una política pública.

Quizás esa sea el principal  aprendizaje del juicio histórico de Pergamino. No porque haya cerrado el debate sobre los agroquímicos, sino porque terminó devolviéndolo al lugar donde, según los propios jueces, siempre debió discutirse.