En la antesala del veredicto en el juicio por fumigaciones con agroquímicos en Pergamino, los productores rurales, un ingeniero agrónomo y exfuncionarios municipales imputados tuvieron este miércoles su audiencia de “últimas palabras”, en la que defendieron su inocencia y denunciaron un fuerte impacto personal, profesional y familiar tras años de exposición pública.
La sentencia se conocerá este jueves a las 12 del mediodía, en un proceso que ventiló los hechos ocurridos entre 2011 y 2019 y que es considerado inédito por tratarse de uno de los primeros juicios federales en Argentina por presunta contaminación ambiental vinculada al uso de agroquímicos en zonas periurbanas.
Durante la audiencia, los acusados insistieron en que no cometieron delitos, negaron haber violado la normativa vigente y apuntaron contra lo que describieron como un proceso de “estigmatización mediática” que se extendió durante años.
Uno de los testimonios más extensos fue el del exfuncionario municipal y veterinario Mario Tocalini, quien expresó el impacto personal que le generó el proceso judicial.
“En estos ocho años me sentí totalmente escrachado mediáticamente, con mi nombre y mi foto, sin comerla ni beberla”, afirmó, y agregó que esa situación afectó a su entorno familiar y social.
Sus palabras y la del resto de los acusados fueron reproducidas por el stream del sitio La retaguardia. Tocalini sostuvo que debió “explicar en todos lados” su situación y defendió su desempeño como profesional: “Estudié veterinaria y mi único interés es la salud de los animales y la salud pública. No tiene nada que ver con la aplicación de fitosanitarios” dijo.
En ese sentido, aseguró que volvería a desempeñarse de la misma manera: “Me considero un buen profesional, pero mejor persona” sostuvo.
El exdirector de Ambiente Rural, Guillermo Naranjo, también apuntó contra el impacto del proceso en su vida y cuestionó el tratamiento del caso en los medios.
“Me produjo mucha angustia e impotencia la exposición mediática continua que dañó mi reputación profesional”, expresó, y afirmó que su matrícula profesional se encuentra actualmente en suspenso.
“Me considero una persona de bien que ha actuado con honestidad, coherencia y respeto. Este juicio sumada a la cantidad de difamaciones mediáticas que sufro opacaron mi buena persona y me gustaría que esto se revierta en breve” advirtió.
En su defensa, el exfuncionario remarcó que el municipio de Pergamino no le aplicó sanciones disciplinarias durante el proceso: “Eso habla bien de mí. Deposito mi plena confianza en este tribunal para que se haga justicia” cerró.
Entre los productores rurales, los hermanos Hugo y Gustavo Sabatini negaron haber realizado aplicaciones fuera de la normativa.
“No hemos aplicado ningún fitosanitario. No hemos evadido ninguna cautelar”, afirmó Hugo Sabatini, quien aseguró que su establecimiento rural quedó reducido a pasturas tras las denuncias.
También cuestionó el tratamiento mediático del caso: “Nos han acribillado a fotos como si fuésemos delincuentes. Somos trabajadores rurales”.
En la misma línea, su hermano Gustavo sostuvo: “No hemos cometido ningún delito. No hemos hecho ninguna pulverización en lugares que no corresponde Soy totalmente inocente” expresó.
El empleado rural Cristian Taboada se desligó de responsabilidades en el manejo de las aplicaciones.
“Me molestó que me trataran como un agrónomo más. Soy un empleado, cumplí órdenes nada más”, expresó ante el tribunal, y cerró su intervención afirmando: “Me siento inocente” dijo.
En tanto, el ingeniero agrónomo Héctor Tiribó describió el proceso como una experiencia “angustiante” y cuestionó los argumentos de la acusación.
Sostuvo que la causa se basó en una “cuestión geográfica” por su proximidad espacial respecto a las denunciantes: “Como la acusación no contó con elementos suficientes para rebatir hechos se había encarnizado en ponerme cerca de las víctimas. Estamos cerca pero esa cercanía motivó que tomara todas las precauciones desde un primer momento” afirmó.
Aseguró que se cumplió con toda la normativa prevista: “Lo hemos aclarado desde el primer momento, cuando llegó la policía al lugar, y le hemos aportada la documentación que acreditaba nuestros actos” planteó.

También cuestionó el impacto mediático del caso: “Se lo trasformó en un juicio histórico contra el campo y los grandes poderosos, algo que realmente no tiene sentido con lo que acá se ha visto y ha planteado" opinó.
Y completó: “Me han llevado a una guerra que no es mía. En una guerra de ambientalistas contra los agronegocios he quedado en el medio” consideró.
Por su parte, el imputado José Luis Grattone expresó el desgaste emocional del proceso judicial.
“No puedo vivir normalmente, escucho una sirena y se me acelera el corazón”, afirmó, y agregó que siempre actuó con responsabilidad profesional.
Recordó además que fue detenido en el inicio de la causa y sostuvo que confía en el tribunal: “Espero que no influya el ruido del exterior”.
Finalmente, el productor Fernando Cortese también utilizó su derecho a las últimas palabras para rechazar las acusaciones.
“Hace siete años que estamos perseguidos por todos lados y no sé por qué. No hemos hecho nada, simplemente trabajar y producir”, afirmó, y agregó que su familia también se vio afectada por la causa.
Con las últimas palabras ya expresadas, el Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario dará a conocer este jueves la sentencia en un caso que incluye acusaciones de contaminación ambiental, infracción a la Ley de Residuos Peligrosos e incumplimiento de deberes de funcionario público.
El proceso involucra a siete productores rurales, un ingeniero agrónomo y dos exfuncionarios municipales, y mantiene en discusión no solo las eventuales responsabilidades penales, sino también el alcance de las restricciones a las fumigaciones en el partido de Pergamino.
La fiscalía solicitó cuatro años y tres meses de prisión efectiva para Fernando Cortese, acusado de contaminación ambiental mediante el uso de residuos peligrosos y amenazas coactivas. También pidió ocho años de inhabilitación para ejercer actividades agropecuarias.
Para Mario Roces y Víctor Tiribó reclamó cuatro años de prisión efectiva e inhabilitación especial por ocho años para desarrollar tareas agropecuarias, al considerarlos responsables del delito de contaminación ambiental.
En el caso de los hermanos Hugo y Carlos Sabatini, la acusación requirió tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial para actividades agropecuarias como coautores de una fumigación realizada dentro de la zona restringida por la cautelar judicial vigente en Pergamino.
Para el ingeniero agrónomo José Luis Grattone solicitó tres años de prisión condicional y seis años de inhabilitación para ejercer la profesión y desarrollar actividades agropecuarias en la provincia de Buenos Aires por su participación en aplicaciones realizadas cerca de viviendas y una escuela rural.
Respecto del empleado rural Cristian Taboada, pidió dos años de prisión condicional y cuatro años de inhabilitación al considerarlo partícipe secundario de una fumigación cuestionada.
Por último, para los exfuncionarios municipales Guillermo Naranjo y Mario Tocalini reclamó dos años de prisión condicional y cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Además de las penas de prisión, la fiscalía solicitó el decomiso de bienes vinculados a los hechos investigados, entre ellos campos rurales y equipos pulverizadores utilizados para las aplicaciones de agroquímicos.
También pidió que la restricción vigente sobre las fumigaciones deje de tener carácter cautelar y pase a formar parte definitiva de la sentencia.
Actualmente, una resolución judicial impide realizar aplicaciones terrestres a menos de 1.095 metros y aéreas a menos de 3.000 metros de las zonas urbanas y periurbanas de Pergamino.