Argentina y Brasil entraron en 2026 en una competencia regulatoria que ya no se limita a la inteligencia artificial como herramienta, sino a la infraestructura que permite entrenarla, alojarla y exportarla. Buenos Aires intenta ofrecer un marco de baja carga normativa mediante la ampliación del Súper-RIGI hacia inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada e infraestructura digital estratégica. Brasilia, en cambio, firmó una Asociación Digital con la Unión Europea para profundizar cooperación en gobernanza de datos, inteligencia artificial, conectividad y servicios públicos digitales. La diferencia abre una fractura concreta dentro del MERCOSUR: velocidad fiscal argentina contra homologación normativa brasileña.
El punto de fondo es que la IA dejó de ser solo una discusión sobre software. Los grandes modelos necesitan centros de datos, energía estable, chips, conectividad, refrigeración, reglas sobre datos y seguridad jurídica para amortizar inversiones de escala. En ese tablero, Argentina apuesta a competir con beneficios fiscales, estabilidad por treinta años y libre disponibilidad progresiva de divisas para proyectos superiores a los mil millones de dólares. Brasil ofrece otra propuesta: mayor coordinación con Europa, estándares previsibles y una ruta más clara para empresas que quieran operar con reglas compatibles con el mercado europeo.
El Súper RIGI argentino busca atraer industrias nuevas o todavía experimentales con un paquete más agresivo que el RIGI tradicional. El proyecto incluye inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada, infraestructura digital estratégica y grandes centros de procesamiento de datos. Para ingresar, las empresas deben comprometer inversiones mínimas de mil millones de dólares y ejecutar al menos el 20% durante los primeros dos años desde la adhesión. La señal política es directa: Argentina quiere vender velocidad, estabilidad jurídica y menor fricción regulatoria para entrar en la carrera global de infraestructura digital.
Brasil se mueve en sentido contrario, porque su apuesta no pasa por reducir reglas sino por acercarse al ecosistema normativo europeo. La Asociación Digital firmada con la Unión Europea ordena la cooperación en inteligencia artificial, gobernanza de datos, infraestructura, conectividad, plataformas en línea y servicios públicos digitales. Ese alineamiento no convierte automáticamente a Brasil en territorio del AI Act, pero sí lo ubica más cerca de la lógica europea de trazabilidad, protección de datos, transparencia y control de riesgos. Para una empresa tecnológica, la elección empieza a ser estratégica: operar rápido desde Argentina o construir con mayor compatibilidad regulatoria desde Brasil.

La divergencia puede convertirse en un problema operativo para el MERCOSUR. Una compañía con actividad simultánea en Buenos Aires y San Pablo podría enfrentar exigencias distintas sobre documentación de modelos, transferencia de datos, uso de infraestructura, auditoría de riesgos y responsabilidad frente a usuarios. Esa diferencia no es menor cuando la inversión global en centros de datos y capacidad de cómputo se mide en cientos de miles de millones de dólares y depende de reglas estables. El bloque queda expuesto a una tensión nueva: integración comercial por un lado, fragmentación tecnológica por el otro.

Argentina, además, no parte de cero en gobernanza interna. La Facultad de Ciencias Económicas de la UBA ya implementa una plataforma propia de inteligencia artificial para unos 2.000 estudiantes, 40 materias, 184 cursos y 44 cátedras, con reglas académicas sobre uso, autoría, trazabilidad y responsabilidad. Ese caso muestra que el país puede regular sin bloquear adopción, aunque todavía falta una política nacional que conecte inversión, universidad, datos, energía y exportación de servicios. El dilema de 2026 queda abierto: si Argentina usa el Súper-RIGI solo para alojar infraestructura, captará capital; si lo vincula con talento, investigación y reglas mínimas, puede capturar valor tecnológico real.