Seguridad regional
13/07/2026 - Edición Nº1252
Internacionales
Mano firme
Laura Fernández exige cambios a la Corte Suprema por el avance narco en Costa Rica
13/07/2026 | La presidenta exige condenas efectivas y reformas profundas ante una violencia que desbordó al sistema.
Costa Rica enfrenta una crisis que obliga a revisar la eficacia institucional.
Laura Fernández decidió enfrentar uno de los problemas que durante años deterioró la seguridad de Costa Rica: el crecimiento del narcotráfico, los homicidios por encargo y la limitada capacidad del sistema judicial para convertir las investigaciones en condenas. A pocos meses de asumir la Presidencia, colocó el tema en el centro de su Gobierno y responsabilizó a las instituciones que, según su diagnóstico, no reaccionaron con suficiente firmeza.
La posición oficial se apoya en un dato difícil de ignorar. El ministro de Seguridad, Gerald Campos, afirmó que apenas el 38% de los homicidios termina con una condena. Para Fernández, el problema ya no puede atribuirse solamente a la Policía: los agentes detienen sospechosos y desarticulan estructuras, pero los resultados finales no reflejan el esfuerzo operativo.
Costa Rica es un país de América Central con una geografía accidentada, que incluye bosques tropicales y costas en el Caribe y el Pacífico.
Una Justicia obligada a responder
Fernández pidió la renuncia del fiscal general Carlo Díaz y cuestionó públicamente a magistrados de la Corte Suprema. También denunció una posible penetración del crimen organizado en estructuras judiciales. Aunque esa acusación exige pruebas concretas, la mandataria instaló una preocupación legítima: las redes del narcotráfico tienen recursos para corromper funcionarios, intimidar testigos y aprovechar fallas institucionales.
El Gobierno respalda además una reforma para que el Congreso participe en la designación del fiscal general, actualmente seleccionado por la Corte Suprema. El oficialismo sostiene que la jefatura de una institución tan decisiva no puede permanecer aislada del control democrático cuando los resultados en materia de seguridad son insuficientes.
Fernández exige condenas efectivas ante un sistema que castiga pocos homicidios.
El costo de la ineficacia
Costa Rica se convirtió en una ruta estratégica para el traslado de cocaína desde Sudamérica hacia Estados Unidos y Europa. Sus puertos y corredores internos adquirieron importancia para redes transnacionales que utilizan organizaciones locales para almacenar y distribuir cargamentos. La disputa por esos territorios produjo asesinatos, guerras entre bandas y una circulación creciente de armas.
La presidenta impulsa reformas para recuperar el control frente al avance narco.
Ante ese escenario, Fernández impulsa una política de mayor firmeza, con nuevas cárceles, reformas institucionales y presión sobre fiscales y jueces para aumentar las condenas. La presidenta sostiene que preservar la independencia judicial no significa aceptar la falta de resultados. Su desafío será recuperar el control del Estado sin debilitar las garantías democráticas que distinguieron históricamente a Costa Rica.
