16/07/2026 - Edición Nº1255

Agro

CRECEN LOS RECLAMOS

Tasa vial: Otro guiño judicial al campo pone en aprietos a los intendentes

16/07/2026 | La Justicia avaló un pedido para que el municipio de Azul informe el uso de los fondos. Más reclamos en PBA.



La judicialización de la tasa vial en la provincia de Buenos Aires continúa sumando capítulos y empieza a consolidar una línea de criterio en los tribunales.

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata confirmó un fallo que obliga a la Municipalidad de Azul a entregar información sobre la determinación, recaudación y destino de los fondos obtenidos mediante la tasa de mantenimiento de caminos rurales, en una decisión que vuelve a respaldar el derecho de los productores a controlar cómo se administran esos recursos públicos.

La sentencia, firmada por los jueces Diego Fernando Ucín y Roberto Daniel Mora, confirmó el fallo de primera instancia favorable a unos veinte productores rurales que promovieron un amparo tras no mostrar conformidad con la respuesta a un pedido de acceso a la información pública.

El pronunciamiento llega apenas días después de que la Justicia intimara al municipio de Hipólito Yrigoyen a cumplir una sentencia similar. En ese expediente, que ya agotó todas las instancias de apelación, el intendente Luis Ignacio Pugnaloni quedó a un paso de enfrentar multas personales si el municipio continúa sin informar el destino de los recursos recaudados por la tasa vial.

Con estos antecedentes, la estrategia judicial impulsada por el abogado Pablo Abdón Torres Barthe – en representación de productores-  para exigir transparencia en el manejo de esos fondos comienza a consolidarse mientras aparecen nuevos reclamos en distintos municipios bonaerenses.

El derecho a saber en qué se gastan los fondos

Uno de los principales ejes del fallo de la Cámara marplatense es que cualquier ciudadano tiene derecho a acceder a la información pública vinculada con la administración de recursos municipales, sin necesidad de demostrar un interés particular.

"Toda persona ha de tener acceso a la información pública", sostuvieron los camaristas, al tiempo que recordaron que "la información que obra en poder del Estado pertenece a la comunidad".

En esa línea, el tribunal reafirmó que el acceso a la información constituye una herramienta esencial para el control democrático de la gestión estatal y recordó la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el principio de máxima divulgación.

"En una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación", señala la sentencia, al remarcar que toda información en poder del Estado debe presumirse accesible salvo las excepciones expresamente previstas por la ley.

Los jueces también rechazaron uno de los principales argumentos utilizados por el municipio de Azul para justificar la falta de respuesta.

La comuna que conduce el intendente Nelson Sombra (La Cámpora) había sostenido que el expediente administrativo seguía en trámite y que un dictamen de la Subsecretaría Legal y Técnica demostraba que nunca había existido una negativa al pedido de información.

Sin embargo, la Cámara fue categórica al señalar que ese dictamen constituye un acto interno y preparatorio, sin efectos jurídicos frente al ciudadano.

"El dictamen jurídico es un acto meramente preparatorio, desprovisto de aptitud para producir efectos jurídicos directos", afirmaron.

Por eso concluyeron que, vencido el plazo previsto por la Ley 12.475 sin una respuesta concreta, quedó configurada una denegatoria tácita que habilitó la acción de amparo promovida por los productores.

Además, aclararon que el municipio no está obligado a elaborar documentación inexistente, pero sí debe entregar toda la información disponible o explicar de manera fundada qué antecedentes no obran en su poder.

Una estrategia que gana terreno

El fallo de Azul se suma a una estrategia judicial que comenzó a expandirse en la provincia de Buenos Aires y que tiene como punto de partida los pedidos de acceso a la información pública para conocer cuánto dinero recaudan los municipios mediante la tasa vial y cuánto se destina efectivamente al mantenimiento de los caminos rurales.

El caso más avanzado es el de Hipólito Yrigoyen. Allí, ocho productores rurales de Henderson lograron que la Justicia ordenara al municipio entregar los balances correspondientes a los últimos 48 meses. Tras perder doce apelaciones consecutivas, la comuna fue intimada a cumplir la sentencia en un plazo de cinco días y, si vuelve a incumplir, podría dar lugar al primer antecedente de multas personales a un intendente bonaerense por no informar el destino de esos recursos. También hay un fallo similar de primera instancia en el distrito de  Baradero.

Para los productores, el acceso a esa documentación constituye el primer paso para determinar si existen desvíos de fondos hacia otros gastos municipales y evaluar futuras acciones judiciales.

Los reclamos se multiplican

Mientras los tribunales empiezan a consolidar una línea favorable al acceso a la información pública, el debate sobre la tasa vial también comienza a intensificarse en otros distritos bonaerenses.

En Chivilcoy, productores reunidos en una asamblea de la Asociación Rural, con participación de las máximas autoridades de CARBAP, cuestionaron que el estado de los caminos rurales no guarda relación con el nivel de la tasa que pagan.

Tras analizar datos sobre la recaudación y el estado de la red vial, elaboraron un documento que será presentado al intendente Guillermo Britos, donde también proponen debatir modelos de gestión como consorcios público-privados.

Los reclamos del campo se multiplican en los municipios 

En Tapalqué, alrededor de treinta productores autoconvocados iniciaron acciones para esclarecer el destino de los fondos recaudados por la tasa vial, mientras que en Necochea el deterioro de los caminos volvió a quedar en el centro de la escena tras las inundaciones que afectaron al distrito durante el primer semestre.

"Tenemos una de las tasas viales más caras de la provincia de Buenos Aires y lamentablemente no hay una contraprestación efectiva", cuestionó tiempo atrás el presidente de la Sociedad Rural de Necochea, Eugenio Cardenau, al reclamar mayores inversiones en la infraestructura vial rural.

Con fallos favorables en distintos departamentos judiciales y nuevos planteos que comienzan a surgir en otras regiones de la provincia, la discusión sobre la tasa vial parece ingresar en una nueva etapa. Más que cuestionar la existencia del tributo, el foco de los productores empieza a concentrarse en exigir transparencia sobre el destino de los recursos y verificar si la contraprestación que justifica su cobro se cumple efectivamente.