Daniel Peters encabezó este viernes la primera ofensiva de una federación regional de la CDU contra Jens Spahn. Presidente del partido en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, jefe de la bancada en el Landtag de Schwerin y miembro de la junta federal, se convirtió en el primer titular de un Landesverband en exigir que Spahn deje la conducción de la fracción CDU/CSU en el Bundestag. Su planteo no apunta a la decisión familiar sino al rol institucional: quien preside la bancada cumple una función de referencia dentro de la Unión. El reproche de fondo es que Spahn se reserva actuar como particular de un modo distinto al que vota como mandatario del partido.
El detonante fue una revelación personal. El miércoles, Spahn y su esposo, Daniel Funke, anunciaron el nacimiento de su hijo Georg mediante una gestación subrogada realizada en Estados Unidos, con Funke como padre biológico. La práctica está prohibida en Alemania por la ley de protección del embrión, y el congreso federal de la CDU ratificó en febrero de este año que el veto debe mantenerse incluso en su variante altruista y no remunerada. La distancia entre la norma que el partido defiende y la vía que su jefe de bancada eligió en el exterior es el núcleo del conflicto.
El expediente propio de Spahn agrava el cuadro. Entre 2018 y 2021 fue ministro federal de Salud y tuvo bajo su órbita la norma que regula la prohibición; en 2020 su cartera rechazó un intento del FDP de legalizar la gestación subrogada altruista y argumentó que el veto existe para resguardar el bienestar del niño. Cinco años antes había admitido en una entrevista con la revista GQ que, como hombre gay y cristiano, le costaba conciliarse con la idea de un vientre alquilado. No se trata de una posición ajena que ahora lo incomoda, sino de una doctrina que él mismo ayudó a sostener desde el gobierno.
La reacción interna quedó lejos de la unanimidad. Mechthild Heil, que preside el grupo de mujeres de la fracción y reúne detrás suyo a más de cuarenta diputadas, rechazó la práctica y la describió como un sistema de explotación entre compradores y gestantes; en la misma línea se pronunciaron las jefas de la Frauen Union en Mecklemburgo y Turingia, y el titular de la Unión de Mayores. La CSU cerró filas con la prohibición y sacó la disputa del terreno de la imagen para instalarla sobre la doctrina del bloque. Enfrente, el diputado por Baden-Wurtemberg David Preisendanz felicitó a Spahn pese a reconocer la contradicción, y Stefan Evers, candidato principal de la CDU berlinesa y casado con un hombre, eligió una tercera vía: tomó distancia sin condenar.
Spahn rompió el silencio el mismo viernes. Sostuvo que su procedimiento fue legal, que la fracción es la única que puede resolver cómo sigue el asunto y que lo abordará con sus diputados recién en septiembre, después del receso de verano. Admitió además un dato incómodo: la gestante ya estaba embarazada cuando el congreso partidario debatió el tema en febrero y él eligió no decir nada, algo que ahora reconoce como un error. Aclaró que acepta la decisión mayoritaria y que no votará ningún cambio de la ley alemana.

Friedrich Merz también se pronunció y desactivó el escenario más drástico. En una conferencia de prensa en Brühl, el canciller y líder de la CDU descartó modificar el marco legal vigente y anunció que el caso se tratará en la próxima reunión del presidium partidario, sin pedir la salida de Spahn ni respaldarlo abiertamente. El conflicto queda así repartido en dos mesas y estirado en el tiempo: el presidium primero, la fracción en septiembre. Ese calendario le compra oxígeno a Spahn, pero deja abierta la pregunta que instaló Peters sobre la credibilidad del partido en materia ética, justo cuando la CDU encara la campaña berlinesa con un candidato que evitó pronunciarse.