Fitosanitarios: ¿están los Concejos Deliberantes a la puerta de juicios?

El histórico juicio por las fumigaciones en Pergamino dejó una sentencia que todavía recorrerá instancias judiciales, pero también reabrió un debate político que excede largamente el caso. ¿Quién debe fijar las reglas para las aplicaciones de fitosanitarios? ¿La Nación, la Provincia o los municipios? ¿Es posible compatibilizar la producción con la protección de la salud y el ambiente sin que cada conflicto termine en un tribunal?

Para el exsecretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación Jorge Solmi, la respuesta pasa por cubrir un vacío normativo que durante años derivó en medidas cautelares, resoluciones locales dispares y una creciente conflictividad.

"Se han ido pasando la pelota unos a otros. Da la sensación de que nadie quiere tomar el toro por las astas y hoy tenemos este panorama", resumió en diálogo con NewsDigitales.

El exdirigente de Federación Agraria, productor agropecuario y abogado de Pergamino sostuvo que la provincia de Buenos Aires exhibe un escenario de enorme dispersión regulatoria. "De los 135 municipios, 105 tienen actividad rural y más de 90 tienen cada uno su propia ordenanza", señaló.

Ese mosaico normativo, aseguró, genera incertidumbre permanente para productores y contratistas y abre las puertas ha posibles acciones judiciales contra los Concejos Deliberantes. 

"Vos salís de Pergamino, cruzás a Ramallo y cambia la ordenanza. Vas a San Nicolás y no tenés ninguna. Hoy esto para el productor es un dolor de cabeza. No sabés en qué momento te vas a comer un juicio o una multa de algún municipio", advirtió.

Y agregó: "El contratista sale con la máquina aplicadora y tiene que andar con el GPS para saber en qué municipio está y cuál es la reglamentación. Un dirigente rural me decía que necesita un abogado más que un ingeniero agrónomo para hacer una aplicación".

"Tiene que haber una resolución política"

El fallo del Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario dejó un mensaje que Solmi comparte: la discusión de fondo no puede quedar librada exclusivamente a los tribunales.

El histórico juicio por el uso de agroquímicos culminó con la absolución de los productores y la condena a dos exfuncionarios municipales por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

"En Pergamino se había hecho una ordenanza, pero después la gente que tenía que hacerse cargo de controlarla no tenía los elementos para hacerlo y terminaron siendo condenados. Ahora la Justicia también remitió la causa para investigar la participación de los dos intendentes, porque esos funcionarios dependían de las directivas políticas del municipio", afirmó.

Productores fueron absueltos y exfuncionarios condenados en el juicio de Pergamino

En términos generales, el exfuncionario nacional consideró que el vacío legal provincial "generó el hueco para que aparezcan estas cautelares y para que las definiciones las termine tomando un juez y no quienes nosotros votamos para que nos representen y hagan las leyes".

Durante el juicio, el propio tribunal sostuvo que la Justicia no puede reemplazar las decisiones que corresponden a los poderes Ejecutivo y Legislativo. Para Solmi, ese llamado de atención llega después de años sin que la política lograra consensuar un marco regulatorio.

La provincia, el ámbito para una ley

El exfuncionario del equipo económico de Sergio Massa recordó que durante la gestión de María Eugenia Vidal existió un proyecto de ley que fue debatido durante meses con participación de ambientalistas, entidades rurales, ingenieros agrónomos, universidades y representantes de distintos bloques políticos.

"Había un consenso, pero nunca se trató", lamentó y mencionó que en la actualidad existen al menos dos proyectos en la Legislatura para retomar la discusión.

A su entender, la provincia de Buenos Aires es el ámbito natural para avanzar con una regulación.

"Me tocó ser secretario de Agricultura y la realidad productiva del país es muy diversa para pensar una norma nacional. La tipificación de los delitos está en el Código Penal, pero las reglas para las aplicaciones tienen otra lógica. Yo creo que la regulación tiene que ser provincial y entiendo que la competencia es de la Provincia", sostuvo.

Solmi también hizo una distinción entre el plano penal y el regulatorio. Recordó que la contaminación ambiental ya se encuentra tipificada como delito federal y que existen antecedentes judiciales que condenaron aplicaciones realizadas en zonas prohibidas. Sin embargo, aclaró que el debate abierto tras el juicio de Pergamino no pasa por crear nuevos delitos, sino por establecer reglas claras para una actividad que el propio Estado autoriza.

"Acá no estamos hablando de un delito, estamos hablando de un reglamento de aplicación. Los productos que se utilizan están aprobados por el Estado; no tenemos un alquimista en cada chacra inventando un producto para aplicar. Es como un remedio de farmacia: tiene una autorización oficial", explicó.

En ese sentido, sostuvo que la discusión debe centrarse en definir bajo qué condiciones, con qué controles y a qué distancias pueden utilizarse esos fitosanitarios.

Más controles y menos parches judiciales

Lejos de plantear una flexibilización de las reglas, Solmi insistió en que el desafío pasa por establecer normas claras y fortalecer los controles.

"No soy partidario de las aplicaciones irrestrictas. Tiene que haber reglas muy claras", afirmó.

Como ejemplo mencionó el modelo europeo, donde —según explicó— el eje no está puesto únicamente en las distancias de aplicación sino en un sistema de fiscalización permanente.

"Cuando en Pergamino empezó lo de la medida cautelar trajimos un especialista francés para que explicara cómo funciona la reglamentación en Europa. Allá el fuerte es el control. Te controla el municipio, el Estado nacional y la propia comunidad. Además, como los productores dependen muchísimo de los subsidios, si te mandás una macana te quedás sin ellos", explicó.

El exsecreario de Agricultura de la Nación, Jorge Solmi 

También advirtió que la discusión no puede quedar congelada en parámetros fijos cuando la tecnología evoluciona hacia productos de menor impacto ambiental.

"Hoy cerca del 80% de los fitosanitarios que se utilizan son banda verde y cada vez aparecen más productos biológicos. Esto también tiene que formar parte de la discusión", planteó.

Los municipios, en el centro del próximo conflicto

Para Solmi, uno de los efectos menos visibles del vacío legal provincial podría aparecer en los próximos años.

Los concejos deliberantes están a la puerta de juicios muy severos

El productor y abogado fue crítico de la calidad técnica de buena parte de las regulaciones locales. "He visto pilas de ordenanzas, algunas con cero fundamento. Alguna estará fundada, pero no es lo común. Las ordenanzas municipales son bastante flojas en general", consideró.

Según explicó, una de las discusiones que comienza a asomar es quién debe asumir el costo cuando una decisión pública limita significativamente el uso productivo de una propiedad.

⚖️ Juicio por agroquímicos: productores absueltos y exfuncionarios condenados.

👉🏼 Solo fueron condenados dos exfuncionarios municipales de Pergamino por incumplimiento de deberes públicos.

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— NewsDigitales (@NewsDigitalesAr) June 25, 2026

"No es lo mismo el rinde ni los costos. Alguien tomó la determinación y  el dueño queda sin poder hacer lo que pretendía con tu tierra. Por supuesto que primero está la salud pública, pero si esa decisión le genera una pérdida importante al productor, hoy nadie lo indemniza. Ya hay un runrún en el sector sobre trabajar ese tema", sostuvo.

Mientras el fallo de Pergamino seguirá su recorrido en las instancias de apelación, Solmi cree que el mayor legado del juicio no estará necesariamente en la resolución penal, sino en haber vuelto a poner sobre la mesa un debate que la política viene postergando desde hace años: cómo construir una regulación uniforme en la provincia, con respaldo científico y controles efectivos que otorgue previsibilidad a los productores sin resignar la protección de la salud y el ambiente.