Nicolás Maduro y los fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos propusieron que su juicio comience en junio de 2027. El planteamiento conjunto fue presentado antes de una audiencia en el tribunal federal de Manhattan y todavía necesita la aprobación del juez Alvin Hellerstein. No representa un acuerdo de culpabilidad ni una reducción de cargos, sino el primer horizonte concreto para que el antiguo jefe del régimen venezolano responda ante un jurado.
Maduro será procesado junto con Cilia Flores, quien también se declaró no culpable. La acusación federal incluye conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y dos delitos vinculados con ametralladoras y artefactos destructivos. La Fiscalía sostiene que ambos aprovecharon estructuras estatales para proteger operaciones criminales y concentrar poder y riqueza dentro de su familia. Esas afirmaciones deberán demostrarse durante el proceso.
Durante años, Maduro utilizó las instituciones venezolanas para presentarse como una autoridad intocable, mientras perseguía opositores, cerraba espacios democráticos y subordinaba los organismos públicos a su permanencia en el poder. Ahora enfrenta un sistema judicial que no controla y en el que su propaganda sobre conspiraciones extranjeras no sustituirá la presentación de pruebas, testigos y documentos ante la defensa y el tribunal.
La acusación estadounidense afirma que Maduro negoció cargamentos de cocaína producida por las FARC y facilitó protección, armas y rutas para las operaciones del llamado Cártel de los Soles. El expediente adquirió mayor peso cuando Hugo Carvajal, antiguo jefe de la inteligencia militar venezolana y uno de los acusados en la misma estructura, se declaró culpable de narcoterrorismo, tráfico de drogas y delitos de armas. Esa confesión no prueba automáticamente la responsabilidad de Maduro, pero impide reducir toda la causa a una invención política sin antecedentes judiciales.

El juicio de Nueva York se concentra en narcotráfico y armas, pero el historial de Maduro es más amplio. La misión internacional de la ONU ha documentado persecución política, detenciones arbitrarias, torturas y otras violaciones ejecutadas mediante organismos estatales. En marzo de 2026 sostuvo que existen motivos razonables para considerar a Maduro responsable de crímenes de lesa humanidad contra la población civil, aunque también cuestionó la legalidad de la operación militar estadounidense que permitió capturarlo.
Maduro conserva la presunción de inocencia en el expediente federal, pero ya perdió el privilegio de decidir quién podía investigarlo y qué tribunal debía obedecerle. Junio de 2027 puede convertirse en la fecha en que un poder construido sobre coerción, opacidad y lealtades militares deba responder con evidencia verificable. El resultado corresponderá al jurado, pero la existencia misma del juicio marca una derrota para el modelo chavista: las fronteras, los uniformes y los cargos públicos dejaron de garantizar impunidad.