Maduro llega al banquillo mientras El Helicoide queda fuera del juicio

Nicolás Maduro compareció el miércoles 22 de julio vestido con el uniforme beige de una prisión federal y escuchó la fecha en la que comenzará su juicio: el 1 de junio de 2027. El exmandatario venezolano y su esposa, Cilia Flores, serán juzgados en Nueva York por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas. Ambos se declararon inocentes y podrían recibir penas de prisión perpetua si son condenados.

El proceso puede terminar castigando una estructura criminal de enormes dimensiones, pero no contará toda la historia del poder ejercido por Maduro. La acusación estadounidense se concentra en el uso de instituciones políticas, militares y de inteligencia para proteger cargamentos de cocaína destinados a Estados Unidos. Las detenciones arbitrarias, desapariciones, persecuciones y torturas contra opositores no forman parte de los cargos que deberá resolver el tribunal de Manhattan.

Un expediente que recorta la historia

La Fiscalía estadounidense menciona violencia, secuestros, golpizas y asesinatos dentro del funcionamiento de la presunta red de narcotráfico. Sin embargo, esos hechos aparecen como mecanismos para cobrar deudas, eliminar rivales o proteger operaciones criminales. No se trata de las torturas cometidas contra presos políticos ni de los métodos atribuidos al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en instalaciones como El Helicoide.

Esa parte del historial de Maduro se investiga en otro continente. La causa abierta en Argentina bajo el principio de jurisdicción universal incluye detenciones arbitrarias y personas sometidas a torturas en El Helicoide. El 4 de febrero de 2026, el juez federal Sebastián Ramos solicitó a Estados Unidos la extradición de Maduro para interrogarlo por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos de manera generalizada contra la población civil venezolana.

Maduro irá a juicio por drogas, pero El Helicoide quedó fuera del expediente.

El centro que simboliza la represión

El Helicoide ya no puede presentarse como una simple dependencia policial. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró en junio de 2026 que agentes estatales torturaron a Jorge Rojas Riera mientras estaba detenido en ese edificio y ordenó a Venezuela cerrarlo definitivamente. El caso ocurrió en 2003 y no establece una responsabilidad personal de Maduro, pero confirma judicialmente que el lugar funcionó como centro de tortura y que el Estado venezolano no investigó los abusos.

Argentina reclama juzgarlo por torturas y crímenes de lesa humanidad.

Maduro podría ser condenado en Estados Unidos sin que las víctimas de la represión sean escuchadas durante su juicio. Una sentencia por narcotráfico castigaría los delitos incluidos en la acusación, pero no resolvería su posible responsabilidad por el aparato de persecución política consolidado durante su gobierno. Esa deuda queda en manos de la Justicia argentina y de la investigación Venezuela I de la Corte Penal Internacional, que continúa abierta por presuntos crímenes de lesa humanidad, todavía sin una causa pública individual contra Maduro.