Félix Plasencia anunció la salida de Venezuela de la CPI: qué pasa ahora

El gobierno venezolano notificó al secretario general de las Naciones Unidas su decisión de retirar al país de la Corte Penal Internacional, en una maniobra destinada a romper con el tribunal que investiga posibles crímenes de lesa humanidad cometidos por organismos estatales. El anuncio fue realizado por el canciller Félix Plasencia, quien presentó la salida como una decisión “firme e irrevocable” adoptada por instrucciones de Delcy Rodríguez.

La medida, sin embargo, no produce efectos inmediatos ni elimina las responsabilidades acumuladas. El artículo 127 del Estatuto de Roma establece que una retirada entra en vigor un año después de que el secretario general de la ONU recibe la notificación, salvo que el propio Estado establezca una fecha posterior. Durante ese período, Venezuela continuará formalmente sometida a las obligaciones del tratado.

La investigación no se detiene

La salida tampoco cierra el expediente conocido como Venezuela, abierto para examinar detenciones arbitrarias, torturas, persecución política, violencia sexual y otros abusos presuntamente cometidos desde febrero de 2014. La Fiscalía de la CPI inició la investigación en noviembre de 2021, después de una remisión presentada por Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú.

Retirarse de la Corte no funciona como una amnistía ni borra retroactivamente su jurisdicción. El Estatuto de Roma señala que un Estado conserva las obligaciones originadas mientras fue miembro y que la salida no puede perjudicar investigaciones o procedimientos iniciados antes de que la retirada sea efectiva. La CPI podrá, por lo tanto, continuar examinando los hechos anteriores e identificar posibles responsabilidades individuales.

Venezuela inicia su salida de la CPI, pero la investigación seguirá abierta.

Caracas intenta cerrar la puerta hacia el futuro

El beneficio buscado por el gobierno aparece principalmente hacia adelante. Una vez cumplido el plazo de un año, la Corte dejaría de tener jurisdicción territorial automática sobre nuevos delitos cometidos exclusivamente dentro de Venezuela, aunque podrían existir otras vías excepcionales de intervención. Entre ellas se encuentran una remisión del Consejo de Seguridad de la ONU o la participación de ciudadanos pertenecientes a países que continúen dentro del Estatuto.

El argumento oficial sostiene que la CPI aplica un criterio selectivo contra países de África y América Latina. Pero la crítica no responde al punto central del expediente venezolano: las autoridades nacionales no demostraron que estuvieran investigando genuinamente los mismos hechos y a los mismos posibles responsables. Ese principio, denominado complementariedad, permite actuar a la Corte cuando la justicia interna no puede o no quiere desarrollar procedimientos auténticos.

La retirada tardará un año y no elimina responsabilidades por hechos anteriores.

Una retirada política, no una absolución

La palabra “irrevocable” utilizada por Caracas tampoco tiene un valor jurídico absoluto. Otros países notificaron su intención de retirarse y luego revocaron la decisión antes de que se cumpliera el plazo correspondiente. El propio registro de tratados de Naciones Unidas recoge antecedentes de gobiernos que suspendieron su salida y permanecieron como miembros de la Corte.

La maniobra representa un alejamiento institucional de la justicia internacional, pero no una absolución para quienes puedan ser responsabilizados por los abusos cometidos durante más de una década. Venezuela puede intentar cerrar la puerta para hechos futuros, pero no puede borrar el período durante el cual aceptó la jurisdicción de la CPI ni hacer desaparecer una investigación que ya estaba abierta.