La defensa de Cristina Fernández de Kirchner sostuvo que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) puede ordenar al Estado argentino revisar la condena en la causa Vialidad si concluye que durante el proceso se vulneraron garantías fundamentales. Con esa premisa, el abogado Carlos Beraldi y los juristas internacionales Rafael Valim y Javier Borrego explicaron el alcance de la presentación realizada luego de que la Corte Suprema dejara firme la sentencia contra la expresidenta.
Más allá del impacto político de la decisión, el recurso abre una nueva instancia internacional cuyo objetivo es determinar si durante el proceso judicial se incumplieron obligaciones asumidas por la Argentina en materia de derechos humanos. La defensa también pidió medidas cautelares que podrían resolverse antes que el expediente principal.
La presentación fue realizada mediante una "Comunicación Individual", el mecanismo previsto por el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos para que una persona denuncie la vulneración de derechos una vez agotadas las instancias judiciales en su país.
Según explicó Beraldi, la decisión de la Corte Suprema de confirmar la condena "cerró la posibilidad de continuar el reclamo en el ámbito judicial argentino", pero al mismo tiempo "habilitó la vía internacional".
La defensa sostiene que durante la causa Vialidad se vulneraron al menos ocho derechos contemplados en el tratado internacional, entre ellos el derecho a un juicio justo, a un tribunal independiente e imparcial, a la presunción de inocencia, al ejercicio pleno de la defensa, a la revisión de la condena por un tribunal superior y al acceso a un recurso judicial efectivo.
Uno de los principales interrogantes es cuál puede ser el alcance de la intervención del Comité de Derechos Humanos. Durante la conferencia de prensa, Rafael Valim afirmó que "las decisiones del Comité son vinculantes", ya que forman parte de "los compromisos que la Argentina suscribió ante la ONU" y, por ese motivo, "deben ser respetadas por el Estado argentino".
En ese sentido, sostuvo que el organismo internacional puede "condenar al Estado a que haga la revisión de las decisiones, que reconozca las violaciones alegadas y que cumpla las cautelares pedidas".
Sin embargo, el Comité no actúa como una instancia de apelación sobre los tribunales argentinos ni tiene facultades para revocar directamente una sentencia judicial. Su función consiste en analizar si el Estado incumplió las obligaciones asumidas en materia de derechos humanos y emitir un dictamen con recomendaciones dirigidas al país.

Además del análisis sobre el fondo del caso, los abogados solicitaron dos medidas cautelares. La principal apunta a suspender la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos mientras el Comité estudia la denuncia. Según explicó Valim, ese pedido se fundamenta en que la sanción "contradice precedentes" del propio organismo.
También se requirió una revisión de las condiciones de detención que cumple la expresidenta.
Respecto de los tiempos, el abogado brasileño estimó que "las cautelares podrían salir en cuestión de meses", ya que podrían tratarse durante la reunión prevista para octubre, mientras que "la decisión de fondo podría tardar algunos años".
La defensa considera que el dictamen emitido por el Comité de Derechos Humanos en 2022, que concluyó que durante los procesos contra Lula se vulneraron garantías protegidas por el mismo tratado internacional, constituye un antecedente relevante para el caso argentino.
Aunque ambos expedientes presentan diferencias jurídicas y procesales, los abogados sostienen que el precedente demuestra que el organismo puede pronunciarse sobre procesos judiciales de alto impacto político cuando considera que existieron violaciones a derechos fundamentales.
El Comité deberá determinar primero si la presentación cumple con los requisitos formales para ser admitida. Si supera esa etapa, solicitará información al Estado argentino y abrirá un intercambio entre ambas partes antes de emitir un dictamen.
Mientras ese procedimiento avanza, la expectativa de la defensa está puesta en las medidas cautelares, que podrían recibir una respuesta durante los próximos meses.
Así, la presentación no modifica por sí sola la condena firme dictada en la causa Vialidad, pero inaugura una nueva instancia internacional que volverá a colocar el expediente en el centro del debate político y jurídico.