En el sector agroindustrial, el 2026 se ha perfilado como un año de durísimas negociaciones salariales. Como ejemplo, vale recordar la extensa paritaria que protagonizaron los trabajadores aceiteros y la cámara que nuclea a los exportadores de cereales y oleaginosas.
La disputa salarial en ese sector comenzó a finales de mayo y se logró cerrar casi un mes más tarde. El eje del conflicto fue que mientras los trabajadores reclamaban una recomposición cercana al 20%, las empresas sostuvieron que habían otorgado aumentos cercanos al 14% en el transcurso del año y propusieron un ajuste de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.
Otro de los sindicatos que reclama desde hace tiempo una recomposición salarial es la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), el gremio liderado por José Voytenco.
Desde hace algo más de dos meses, los sindicalistas mantuvieron unas ocho reuniones en el ámbito de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA). En los últimos días, Voytenco advirtió que la oferta de las patronales llevaría el salario básico del peón rural a $1,5 millones recién en junio de 2027, oferta que calificó como “una burla”.
Tras estas negociaciones, el gremio de los trabajadores rurales finalmente anunció que se arribó a un acuerdo salarial para los peones rurales. La suba se articulará en cuatro meses y con los siguientes incrementos:
El sindicato firmó este acuerdo, pero en disconformidad y desde UATRE dejaron en claro esta postura: "este cierre no nos conforma, no es suficiente ni representa la verdadera recomposición salarial que los trabajadores y trabajadoras rurales necesitan y merecen.
Y sostuvieron: "Resulta inadmisible que, en un año de producción récord para el agro, las entidades patronales se hayan negado sistemáticamente a acompañar un aumento acorde al esfuerzo de quienes sostienen esa producción con su trabajo cotidiano en el campo".
En este contexto, Voytenco advirtió que “durante el proceso, la UATRE bregó por una verdadera recomposición del poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras rurales. “Sin embargo, las entidades empleadoras se negaron sistemáticamente a discutir en serio esa recomposición, en un contexto de producción agropecuaria récord”.