El Gobierno de Costa Rica anunció un paquete de medidas para endurecer el régimen penitenciario, entre ellas el retiro de todos los tomacorrientes de las celdas, la eliminación de televisores y nuevas restricciones a las visitas. La administración de la presidenta Laura Fernández sostiene que el objetivo es restablecer la autoridad del Estado dentro de las cárceles y reducir la capacidad de las organizaciones criminales para operar desde los centros de detención.
Las autoridades consideran que durante años los grupos delictivos aprovecharon las debilidades del sistema penitenciario para mantener estructuras de mando, comunicarse con el exterior y conservar privilegios incompatibles con un régimen de máxima seguridad. Las nuevas disposiciones buscan romper esa dinámica y reforzar el control institucional sobre las prisiones.
El plan contempla el retiro inmediato de tomacorrientes y televisores de las celdas, la prohibición de visitas íntimas entre personas privadas de libertad, el traslado de internos considerados líderes criminales y la rotación de directores y funcionarios penitenciarios para evitar redes de corrupción o influencia prolongada dentro de los establecimientos.
El Ministerio de Justicia sostiene que las cárceles deben cumplir una función de seguridad y rehabilitación, no convertirse en espacios donde los reclusos mantengan condiciones similares a las de la vida cotidiana. Bajo esa lógica, el acceso a determinados equipos eléctricos o electrónicos representa un riesgo adicional para la disciplina y el control penitenciario.
Las medidas forman parte de una política de seguridad más amplia impulsada por el Gobierno, que incluye proyectos como la ley de "Cero Ocio en las Cárceles", destinada a incorporar trabajo obligatorio para buena parte de la población penitenciaria, además de iniciativas para endurecer las penas contra el crimen organizado y fortalecer la acción policial.

En un contexto marcado por el crecimiento de las organizaciones narcotraficantes en la región, el Ejecutivo apuesta por enviar un mensaje de autoridad y reducir cualquier margen que permita a las bandas mantener influencia desde prisión. Para el Gobierno costarricense, recuperar el control efectivo de los centros penitenciarios constituye un paso indispensable para fortalecer la seguridad pública y restablecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones.