El expediente quedó dividido en una revisión regulatoria y un peritaje técnico independiente. La Dirección General de Aeronáutica Civil verifica si Aerodiana cumplía las obligaciones de operación, mantenimiento, licencias y seguridad; la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación estudia las causas y factores contribuyentes. El comunicado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones confirma que la suspensión se mantendrá mientras avance la comprobación de cumplimiento. Separar ambas vías evita una conclusión prematura: una puede detectar infracciones administrativas sin establecer la causa del choque, mientras la otra puede identificar una falla o una combinación de factores sin sustituir las decisiones sancionatorias. La versión original mezclaba esas competencias y atribuía toda la investigación al ministerio; la corrección distingue funciones, alcance y resultado esperado.
Perú es un país de Sudamérica que abarca una sección del bosque del Amazonas y Machu Picchu, una antigua ciudad inca en las alturas de los Andes.
La evidencia antes que las hipótesis
Los investigadores cuentan con varias fuentes de evidencia, aunque la aeronave no llevaba una caja negra convencional. La CIAA intentará recuperar una tarjeta de almacenamiento instalada a bordo y analizará los restos, los registros de mantenimiento, la operación y la información disponible sobre el vuelo. CORPAC comunicó que sus sistemas de radio funcionaban y que conserva grabaciones de las comunicaciones, material útil para reconstruir tiempos, mensajes y decisiones. También deberán revisarse las condiciones meteorológicas exactas de la ruta y del horario, sin extrapolar episodios de viento ocurridos en jornadas anteriores. Hasta que esos elementos sean cruzados no existe una causa comprobada. Atribuir el accidente al clima, a una falla mecánica o a la actuación de la tripulación antes del informe técnico puede distorsionar el expediente y afectar injustamente a víctimas, trabajadores y operadores.
La suspensión alcanza a una empresa y no implica el cierre de todo el circuito turístico de las Líneas de Nasca. El aeropuerto de Pisco continuó abierto y la autoridad debe informar qué operadores mantienen autorización, qué controles realizan y qué opciones tienen los pasajeros con reservas. Esa precisión es necesaria porque el sobrevuelo sostiene una parte importante de la actividad turística local y permite observar geoglifos que no pueden apreciarse de la misma manera desde tierra. La protección del patrimonio ya había generado otro debate reflejado en la restitución de resguardos para las Líneas de Nazca. Seguridad y continuidad económica no son objetivos opuestos: un sistema confiable necesita controles rigurosos, información clara y sanciones limitadas al alcance que la evidencia justifique.
Perú suspendió a Aerodiana tras un accidente con trece muertes.
La confianza después del peritaje
La eventual reanudación de Aerodiana deberá apoyarse en verificaciones visibles y criterios públicos. La DGAC puede revisar certificados, mantenimiento, horas y licencias de tripulación, despacho de vuelos, manuales y respuesta ante emergencias. Si detecta incumplimientos, tendrá que exigir correcciones y comprobarlas antes de levantar la medida; si no los encuentra, deberá explicar por qué la empresa vuelve a operar. La CIAA seguirá un calendario distinto porque su objetivo es producir una conclusión técnica y recomendaciones preventivas, no habilitar o castigar al operador. Para los pasajeros, la información práctica debe incluir autorización vigente, aeronave asignada, condiciones de cancelación y canales de reclamo. La transparencia operativa puede reconstruir confianza antes del informe final, siempre que no adelante una causalidad que los peritos todavía no establecieron.
La DGAC revisa al operador y la CIAA investiga las causas.
El caso exige proteger a las víctimas, determinar responsabilidades y preservar el destino sin apresurar conclusiones. La suspensión temporal ofrece una barrera preventiva mientras avanzan la revisión y el peritaje, pero no reemplaza ninguno de los dos procesos. Perú tendrá que coordinar a la autoridad aeronáutica, la comisión independiente, el sector turístico y los operadores para que cada decisión responda a evidencia. Una cronología pública, medidas correctivas y criterios claros de reapertura permitirán evaluar si el problema fue individual o revela una vulnerabilidad más amplia. El dato central sigue siendo limitado y grave: trece personas murieron, una empresa quedó fuera de operación de manera cautelar y la causa permanece desconocida. Todo detalle adicional debe presentarse como hecho comprobado, hipótesis de trabajo o información pendiente, sin mezclar esas categorías.
