El terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto dejó 30.664 viviendas destruidas y 262.154 personas afectadas en Colombia, según el balance oficial de la Presidencia con corte al 19 de agosto. El reporte elevó además el saldo a 314 muertos, 4.437 heridos y 262 desaparecidos, con afectaciones registradas en 471 municipios de 15 departamentos y 147.464 familias alcanzadas por la emergencia.
La dimensión material creció con mucha más fuerza que en los primeros relevamientos y convierte la vivienda en uno de los principales problemas de la etapa de reconstrucción. Además de las casas destruidas, el Gobierno contabiliza 136.946 viviendas averiadas, por lo que al menos 167.610 unidades presentan destrucción total o daños. NewsDigitales ya había advertido que la emergencia estaba pasando del rescate a la reconstrucción.
El movimiento principal tuvo magnitud 7,4, epicentro en San José del Palmar, Chocó, y una profundidad de 103 kilómetros, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano. El organismo lo identificó como el sismo de mayor magnitud registrado en Colombia durante el siglo XXI. Su profundidad intermedia ayudó a que la sacudida se sintiera en una región extensa, pero la gravedad de los daños dependió también del suelo, la topografía y la resistencia de las construcciones.
La infraestructura pública también muestra una escala excepcional, con 302 edificios colapsados y otros 5.809 averiados en el balance nacional. El Gobierno reportó 3.470 centros educativos y 352 centros de salud afectados, además de 449 vías, 58 puentes vehiculares, 13 puentes peatonales, 105 acueductos y cinco aeropuertos con daños. La emergencia ya no exige solamente remover escombros: obliga a recuperar simultáneamente vivienda, educación, salud, agua y conectividad en cientos de municipios.

Las cifras siguen siendo un corte operativo y no un inventario definitivo de pérdidas, porque continúan las búsquedas, las inspecciones estructurales y la consolidación de reportes territoriales. La reducción del número de desaparecidos frente a partes anteriores puede responder a personas localizadas o a depuración de registros, mientras las cifras de viviendas y servicios pueden aumentar a medida que lleguen evaluaciones de zonas rurales. Por eso, los próximos balances deberán mantener hora de corte y separar destrucción total de daños reparables.

El siguiente paso será transformar este diagnóstico en vivienda temporal, reparaciones y reconstrucción sin perder la prioridad sobre las 262 personas que permanecen desaparecidas. El Gobierno vinculó la respuesta con la emergencia económica y con la coordinación del sector asegurador, pero el dato decisivo será cuántas familias recuperan una vivienda segura y cuánto tardan en volver a operar escuelas, hospitales, acueductos y rutas. Con más de 30.000 casas destruidas, la recuperación ya tiene una dimensión nacional y de largo plazo.