La Asamblea Nacional de Venezuela destituyó el 22 de agosto al diputado Antonio Ecarri de la presidencia del Grupo de Amistad Parlamentaria con Estados Unidos y abrió una investigación sobre su conducta. La decisión llegó después de que Ecarri confirmara que trabaja con Steve Hanke en una propuesta de dolarización formal. Jorge Rodríguez invocó el artículo 318 de la Constitución y sostuvo que el planteo vulnera el marco monetario vigente.
La controversia aparece con el bolívar nuevamente bajo presión y con una economía que ya usa dólares de manera cotidiana sin haber abandonado su moneda nacional. El Banco Central de Venezuela fijó para el 25 de agosto una referencia de 785,07 bolívares por dólar, mientras News Digitales había registrado una brecha de 12% a 15% durante la primera mitad del mes. Esa combinación explica por qué la dolarización vuelve a ser políticamente sensible.
El esquema divulgado por Hanke busca pasar de una dolarización de hecho a una de derecho, con el dólar como moneda legal y sin capacidad del Estado para emitir bolívares discrecionalmente. El economista de Johns Hopkins confirmó que redactó un borrador, pero el articulado completo todavía no es público. Por eso siguen sin conocerse elementos decisivos como la tasa de conversión, el tratamiento de depósitos y contratos o el volumen inicial de dólares necesario.
El obstáculo más inmediato no es económico sino jurídico: el artículo 318 establece al bolívar como unidad monetaria y reserva al Banco Central el ejercicio de la política monetaria. Rodríguez utilizó precisamente esas dos disposiciones para justificar la remoción de Ecarri. Hanke, en cambio, sostiene que su proyecto puede ser compatible con la Constitución, aunque no difundió la argumentación jurídica completa. La disputa central es si una ley ordinaria alcanzaría o si haría falta modificar el marco constitucional.

La dolarización podría eliminar la emisión local como herramienta para financiar desequilibrios y reducir el riesgo de nuevas devaluaciones del bolívar, pero también quitaría a Venezuela instrumentos propios de política monetaria y cambiaria. Antes de evaluar beneficios y costos concretos falta conocer cómo se resolverían la liquidez bancaria, los pasivos denominados en bolívares, la conversión de salarios y pensiones y la función de respaldo ante una crisis financiera. Sin esas respuestas, la propuesta sigue incompleta.

El próximo paso será doble: la Asamblea deberá definir el alcance de la investigación contra Ecarri y sus eventuales sanciones, mientras el diputado y Hanke tendrán que decidir si publican y presentan formalmente el proyecto. Hasta que eso ocurra, Venezuela no está ante una ley de dolarización en trámite, sino ante una propuesta política con un choque constitucional abierto. Su viabilidad dependerá tanto del contenido técnico como de las mayorías necesarias para cambiar las reglas monetarias.